Economía

Los funcionarios del Estado ganan hasta un 25% menos que los autonómicos

CSI-F cree que es el momento idóneo para reivindicar la equiparación salarial

La organización sindical CSI-F se ha concentrado en la mañana de este miércoles frente a la sede de la Subdelegación del Gobierno de Salamanca para reivindicar que se equiparen los salarios de los empleados públicos de la Administración General del Estado con los de las comunidades autónomas. También han exigido recuperar otros derechos laborales y han criticado la pérdida de poder adquisitivo.

 

Federico Martín, secretario provincial de CSI-F, y Juan Carlos González, responsable del sector de Administración General del Estado de Csif en Salamanca y Castilla y León,  reivindican que “a igual trabajo, igual sueldo”. “Los trabajadores que dependen de la Administración General del Estado cobran bastante menos que los que dependen de comunidades autónomas”, ha explicado Martín, “esa es una desigualdad que debemos romper”.

Esta diferencia en el sueldo puede llegar, en algunos casos, al 25%, algo que consideran es “poco aceptable”. La diferencia con los empleados públicos de Cataluña es de 21.000 euros de moda y “en Castilla y León oscilamos entre 68 euros que puede cobrar un nivel 4 laboral a 3.500 un nivel 1 laboral y en esa horquilla es donde están todos los demás”, ha explicado Juan Carlos Rodríguez.

Además de la reivindicación de la equiparación salarial, también están trabajando por la recuperación de las 35 horas semanales y otras condiciones laborales tales como que no se les penalice por enfermedad o poder mantener mesas de negociación en las que realmente se debatan derechos. “Son muy poquitos los derechos que hemos mejorado y hemos seguido perdiendo poder adquisitivo. Se nos ha seguido penalizando por trabajar cada vez mejor y se ha cargado sobre nosotros el peso de una crisis que no hemos provocado”, ha denunciado Federico Martín.

Desde el sindicato han señalado que los funcionarios han ido perdiendo entre un 20 y un 30% de poder adquisitivo desde 2010, “y ahora lo que nos están ofreciendo es un 5,25% con una posibilidad de llegar a un 8%, cuando el IPC del año pasado ha sido del 1,1 y la subida que nos proponen es un 1,5%. No tiene sentido”, ha afirmado Martín. “La previsión de encarecimiento del coste de la vida en los próximos tres años está en el 5,40, si nos está ofreciendo un 5,25 hay que entender que lo que nos ofrece es miseria y aumentar todavía más la pérdida de poder adquisitivo”, añadió.

Afortunadamente, en CSI-F creen que es el momento idóneo para hacer esta reivindicación, ya que el Gobierno está receptivo y el ministro Montoro parece estar dispuesto a revisarlo. “Incluso sin presupuestos, podría plantearse una subida”, han comentado.

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