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Las empleadas de ayuda a domicilio salen a la calle

Reivindican mejoras laborales y salariales

Las empleadas de ayuda a domicilio han salido este lunes a la calle para reivindicar sus derechos laborales. Llevan dos años negociando un convenio con la patronal, pero las negociaciones están rotas. Ninguna de las partes está llegando a un acuerdo y la Administración no se está implicando pese a que se trata de concesiones públicas. Por ello, han optado por la huelga.

 

Este lunes, han organizado un acto reivindicativo en la Plaza Mayor, tanto a nivel local como provincial. Fernando López, secretario general de Servicios Públicos de UGT Salamanca, ha explicado que “se está intentando negociar un convenio desde hace mucho tiempo” pues la ayuda a domicilio es un “sector muy feminizado con unas condiciones indignas de trabajo”.

Por ejemplo, una de las reivindicaciones del colectivo es que el tiempo entre usuario y usuario (el desplazamiento de un domicilio a otro) se cuente como tiempo trabajado y esté remunerado.

Por su parte, la patronal intenta llevar a cabo un convenio estatal “con una jornada laboral superior y un salario inferior”, como ha indicado Rosa Martín, del sindicato USO, y con un recorte de derechos que ya tenían.

Según López, lo que oferta la patronal son unas “subidas salariales irrisorias, unas condiciones indignas, una reducción de horas impuesta por la política de la Junta de Castilla y León y unos márgenes de beneficio empresariales que están a costa de la explotación laboral de los trabajadores”. “Después de mucho tiempo negociando no se ha llegado a un acuerdo, ni siquiera por el mediador, y hemos convocado una jornada de huelga”, añadió.

Las empresas que llevan este servicio son dos y son concesiones del Ayuntamiento de Salamanca y de la Diputación. “Las empresas están mermando las plicas y obligando a la trabajadora a renunciar a sus derechos laborales para satisfacer los márgenes comerciales”, ha indicado el secretario general.

No piden la municipalización como tal, debido a que hay ayuntamientos que no pueden dar el servicio, pero creen que “es una cuestión de organización y gestión de estos fondos de la Administración y tiene que respetar lo que defendemos”.

Texto y foto: Paula Castro Morán

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