Economía

Herrera pide al Gobierno que no “endose” mayor déficit a las comunidades

El presidente de la Junta reclama la transferencia “cuanto antes” de las entregas a cuenta correspondientes al IVA del año pasado

 

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, hizo un llamamiento hoy al Gobierno de España para que cuando adopte decisiones “legítimas” que supongan un mayor gasto autonómico, se tengan en cuenta también la financiación y así no se “endose” mayor déficit a las comunidades del ya existente. También en materia de financiación autonómica, Herrera reclamó que también se tenga en cuenta a la financiación local de los ayuntamientos.

 

ICAL.  En este sentido, el presidente de la Junta, que este lunes participó en Zaragoza en una cumbre junto a los presidentes de Galicia, Asturias, Aragón, La Rioja y Castilla-La Macha para hablar de despoblación y financiación autonómica, recordó que existen instrumentos técnicos que permitan solventar la “alarma” generada tras conocer la notificación de las entregas a cuenta para los presupuestos del próximo año, que contemplan once anualidades de 2017 del impuesto del IVA. Herrera reconoció que se trata de recursos “muy importantes” que el Gobierno ha recibido y que, por lo tanto, considero que tendrá que transferir “cuanto antes” a las comunidades.

Al margen de estos asuntos “de rabiosa actualidad”, Herrera se felicitó por el nuevo acuerdo suscrito entre las seis comunidades participantes en este encuentro en materia de financiación autonómica por parte de unos territorios que representan a 9,6 millones de españoles y a más de la mitad de los municipios de España.

Para Herrera, este encuentro supone un acto político “lleno de normalidad constitucional” y un ejercicio “rabioso” de autonomismo constitucional “mayor de edad” que pretende ser “útil” para las personas, las familias, las empresas y los territorios, a través de las competencias autonómicas que les afectan más directamente, como son la sanidad, la educación, los servicios sociales o la dependencia. “No necesitamos que nadie tutele un ejercicio de normalidad constitucional”, algo que están haciendo seis comunidades “plenas”.

Esta cooperación “en positivo” evidencia el olvido de cualquier “enfrentamiento ideológico” o de las autonomías con el gobierno para abordar dos cuestiones “de interés general”. A juicio de Herrera, se trata de “un buen día” para que estas seis comunidades reiteren la necesidad de una reforma de la financiación que sigue siendo “prioritaria y urgente” para así corregir los déficit de financiación del modelo actual y garantizar la suficiencia del sistema.

Herrera defendió que ese proceso de reforma tendrá que ser “multilateral” en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y basarse en un principio “elemental y básico” recogido en la Constitución como es la igualdad esencial de los españoles, algo que debería garantizar a las comunidades la prestación “en niveles similares” de los servicios públicos competencia de cada territorio, de manera que los ciudadanos puedan acceder a esos servicios “en condiciones de igualdad” y “vivan donde vivan”.

También reclamó, tal y como se recogió en el documento suscrito entre todas las comunidades, que se tengan en cuenta los factores de gasto “real” atendiendo a aspectos que hacen variar ese coste, como pueden ser la dispersión o el envejecimiento. Por ello, reclamo que se discriminen sectores de gasto y población a partir de los 65 años porque el sobreenvejecimieto “supone mayores gastos en ese servicio”.

En lo que a los desafíos demográficos se refiere, recordó al Gobierno que se comprometió a poner en marcha una estrategia específica en materia de demografia, e hizo un llamamiento para que, en un momento en el que se están definiendo las políticas europeas de cara al futuro, como son la Política Agraria Común (PAC) y la política de cohesión, se esté atento después de que habernos “alarmado” porque en esas políticas no se contemplan los objetivos demográficos en “un viejo continente que cada vez es más viejo”.

Por todo ello resaltó la necesidad de que se mantengan las dotaciones de las políticas de cohesión europea, que esa política esté “al servicio del reto demográfico” y que el reparto de los fondos no se haga por habitante, sino atendiendo a la evolución de la población y con líneas específicas para las zonas más afectadas.

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