Opinión

La apuesta de las instituciones públicas

El pasado día 25 de enero tuvo lugar en nuestra ciudad una manifestación contra la proliferación de locales dedicados a las apuestas y al juego, especialmente presentes ahora en distintos barrios.

 

La respuesta a este problema no sólo es personal o individual, ni mucho menos. Además de prestar atención a las  personas con ludopatía, la cuestión central es que haya una conciencia social y ciudadana, pública, del problema.

Es necesaria una respuesta urgente de los representantes públicos con hechos; no sólo mediante palabrería vacía y engañosa, sino poniendo en marcha medidas para limitar la apertura de locales y sobre todo su publicidad.

Hasta ahora lo que ha existido es una actitud hipócrita de las administraciones e instituciones públicas: por un lado, promocionar claramente el juego y, por otro, lamentar las situaciones de adicción y dar pequeñas ayudas, que no dejan de ser limosnas, a los perjudicados y sus asociaciones.

Esta hipocresía es lo que ha existido tanto en el Ayuntamiento de Salamanca como en la Junta de Castilla y León. El Ayuntamiento modificó nada menos que el Plan General de Urbanismo de Salamanca (PGOU) para que una casa de apuestas pudiera estar en la Plaza de España, dando un mensaje de apoyo al juego y a las apuestas; y la Junta dando beneficios fiscales al sector del juego.

¿Qué intereses ocultan detrás de estas decisiones el Ayuntamiento de Salamanca y la Junta de Castilla y León? ¿Defienden los intereses económicos de las empresas del juego en vez de defender a la ciudadanía?

Sin embargo, lo que estas instituciones deberían hacer es llevar a cabo una regulación muy restrictiva del juego y casas de apuestas para dejar claro el mensaje desde el poder público: ningún apoyo a esta actividad que causa graves daños personales y sociales.

¿Medidas? Ahí van algunas.

Limitar el número de locales de juego en cada población; que esos locales estén fuera de edificios residenciales y muy alejados de centros escolares, juveniles, zonas deportivas y de parques infantiles y de recreo. Prohibición de toda publicidad sobre el juego y las apuestas. Aumento de los impuestos sobre el juego como medida para desincentivar su práctica y por los costes sociales que provoca.



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