Castilla y León

UGT llevará al juzgado el decreto sanitario

Igea vincula esta iniciativa al “color político” de la Junta

UGT Castilla y León anunció este miércoles que no se sentará con la Junta a negociar en la mesa sectorial en la que la Consejería de Sanidad pretende desarrollar la aplicación del decreto que regula las condiciones laborales del persona de Sacyl por “respeto y coherencia” con los trabajadores, a la vez que anunció la presentación de una denuncia ante el Contencioso Administrativo y el mantenimiento de las concentraciones de protesta.

 

Ical.- El secretario general de FeSP-UGTCyL, Tomás Pérez Urueña, confirmó la presentación del contencioso administrativo contra el decreto “porque ni el presidente Mañueco ni la consejera Casado nos han dejado otra salida”. A su vez, añadió que el “decretazo debe anularse porque es lesivo para la dignidad y los derechos laborales de los trabajadores” e invitó al resto de sindicatos del sector sanitario a que se sumaran a esta denuncia judicial.

Indicó que la denuncia se argumentará, entre otros aspectos, en que vulneración de la libertad sindical al no haber sido consultados los sindicatos ante de la aprobación del decreto.

Por su parte, Miguel Holguín advirtió que cualquier acuerdo que se alcance no tendrá ninguna validez mientras la Junta mantenga un “decretazo” que ha cercenado los derechos laborales de los trabajadores de Sacyl y que ha roto la negociación que se venía manteniendo en la Mesa Sectorial de Sanidad para establecer medidas extraordinarias en materia de recursos humanos para hacer frente a la pandemia.

Holguín criticó que, a pesar de la situación sanitaria, han tenido que pasar cinco semanas para que el presidente de la Junta se reuniera con los representantes de los trabajadores para dialogar sobre un “decretazo” rechazado por todos los sindicatos. Según el dirigente de UGT, la reunión con Mañueco apenas duró una hora y en ella “los responsables autonómicos reconocieron la inutilidad del decreto y admitieron que solo ha servido para enturbiar el marco de negociación”.

En este sentido, Holguín criticó que, a pesar de este reconocimiento de “inutilidad” y de la reacción de los trabajadores de Sacyl, la Junta no quiere retirar ni modificar el decreto. “Ante esta oda al tancredismo político y al inmovilismo, UGT no puede más que mantener la misma postura de coherencia y de respeto a la defensa de los derechos laborales de los trabajadores del sistema Público de Salud que desembocó en levantarse de la Mesa Sectorial de Sanidad tras la publicación del decretazo” sentenció.

A su vez, insistió que UGT no va a participar en ninguna suerte de negociación para desarrollar “un decreto que constriñe y cercena dicha negociación y que ha sido contestado claramente en la calle por los trabajadores con un grito rotundo de no al decreto”. Así, recalcó que el sindicato no se sentará en la Mesa Sectorial convocada para el 28 de diciembre para tratar dicho asunto y anunciado, además, que empleará todas las herramientas a su alcance “para terminar con un documento que lesiona gravemente la dignidad de los trabajadores de Sacyl en un momento en el que gracias a su coraje, trabajo y tesón la segunda ola ha podido ser controlada, que no derrotada”.

Por último, Pérez Urueña también resaltó el cansancio de los profesionales sanitarios, “especialmente de los que no podrán tener algunos días de vacaciones en Navidad debido a su lucha contra la pandemia”, por lo que reconoció las dificultades que entraña una convocatoria en estas circunstancias y cuando se aproxima “una tercera ola”.

Motivos políticos

Por su parte, el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, dio la “bienvenida” al “despertar” de UGT en el estado de derecho por anunciar un recurso contencioso administrativo contra el decreto para el personal sanitario. Además, vinculó esta decisión del sindicato al “color político” del Ejecutivo autonómico, ya que según recordó esta medida es la misma que adoptó el Gobierno central en el primer estado de alarma en primavera.

Igea reiteró que la “justicia es una garantía” y se felicitó por que UGT recurra en los tribunales cuando considera que existe una vulneración de los derechos. Insistió en que ante la misma media, pero un gobierno de diferente signo político, el sindicato no se opuso a los cambios en materia de prestaciones personales obligatorias por la pandemia del COVID-19.

Por ello, Francisco Igea afirmó que parece que a UGT no le preocupa el decreto, sino el “color político” del Gobierno que lo aprobó, al tiempo que en tono irónico afirmó que no se refería a que fuera “el señor Tudanca”, en referencia al secretario general del PSCyL, quien le ponía “en hora el despertador” a UGT.

Por su parte, la consejera de Sanidad, Verónica Casado, manifestó que cada sindicato es “muy libre” de iniciar las acciones que considere, pero recordó que la próxima semana está convocada una reunión de la Mesa Sectorial para abordar la reordenación del personal sanitario para poder apoyar a los servicios o profesionales que lo necesiten por la pandemia.

Casado recalcó que el decreto es un “paraguas legal”, que no define, ni establece qué se tiene que hacer, dentro del “compromiso” de ella y del presidente Alfonso Fernández Mañueco de “trabajar” con los sindicatos para llegar a “acuerdos”. La consejera recalcó que buscan el “consenso”, el “entendimiento” y “desbloquear” este asunto, mediante la negociación de las condiciones de aplicación, que recalcó busca apoyar a los profesionales que estén en primera línea.


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