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Castilla y León

Barcones exige a Mañueco más gestión y menos cálculos electorales

Afirma que es el momento de los fondos europeos y las reformas que se necesitan

La viceportavoz socialista en las Cortes, Virginia Barcones, exigió este miércoles al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, más gestión y menos cálculos electorales, aunque afirmó que su partido no tiene miedo y está preparado en caso de que hubiera un adelanto de los comicios en Castilla y León.

Ical.- Barcones argumentó que es el momento de que el Gobierno de la Comunidad esté centrado en los fondos europeos para las reformas que se necesitan y en la recuperación, en vez de “generar inestabilidad”. “Quien ha abierto la incertidumbre son ellos mismos”, apostilló.

“Espero más gestión y menos cálculos electorales”, remachó, después de que hoy la Unión del Pueblo Leonés (UPL) haya pedido por respeto a los ciudadanos la convocatoria de comicios en la Comunidad.

El Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León pidió al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que reflexione, escuche a alcaldes y presidentes de diputaciones y vuelva al consenso para aprobar el modelo de ordenación territorial como un asunto de comunidad y una garantía en la prestación de los servicios públicos.

La viceportavoz socialista, Virginia Barcones, presentó la enmienda a la totalidad de la grupo al proyecto de ley por el que se modifica la Ley de 2013 de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León y advirtió de que no se pueden aprobar los mapas sin saber dónde se tiene el médico, el colegio, los servicios sociales o un transporte accesible.

Barcones, que junto a la enmienda a la totalidad reseñó las 38 parciales y subrayó que la decisión se acordó en el Consejo de Alcaldes de su partido, acusó al presidente de la Junta de pasar a la historia de la Comunidad como “incumplidor” e incidió en que el anterior Partido Popular, pese a las diferencias, cumplía los acuerdos que firmaba.

La enmienda a la totalidad, como detalló, rechaza que se elimine la mayoría cualificada de dos tercios para aprobar los mapas rurales -los únicos pendientes para completar el modelo-, ya que PP y PSOE lo acordaron así en la ley de 2013 por tratarse de una materia de comunidad y “no partidista”.

Además, manifestó que no existe una garantía para la prestación de la sanidad, educación, servicios sociales o transporte para los 900.000 habitantes del mundo rural cuando se marca el límite de 30 minutos por carretera a los mismos, lo que supone “un retroceso” y “se abre la puerta” a su “desmantelamiento”.

Igualmente, rechazó que los estudios de zonificación de cada provincia se encarguen a las diputaciones cuando la ordenación del territorio es una competencia autonómica y que no se establezcan los estándares de coberturas, frecuencias y medios humanos y materiales en el acceso a los servicios públicos.

“No se pueden aprobar los mapas, ni hacer mapas tramposos sin conocer dónde están los servicios, el PSOE no va a participar de una ordenación sin los medios mínimos”, alertó, a la vez que subrayó que no se pueden hacer “los mapas y después colocar los servicios”, por lo que insistió en que no van a “dar un cheque en blanco” y dejar “la puerta abierta a un Plan Aliste”.

Además, señaló que tampoco recoge el testo la aprobación del plan de convergencia y del fondo autonómico de compensación y anunció que van a hacer “todo lo posible para impedir esta tropelía al mundo rural, que abre la puerta al desmantelamiento de los servicios”.

“Espero que el señor Mañueco reflexione, escuche al territorio y vuelva al consenso, no es la ley que necesita Castilla y León”, zanjó Barcones, que afirmó que hablarán con los grupos de la oposición para que su enmienda a la totalidad y de devolución del texto se apruebe cuando se cierre el plazo de enmiendas, prorrogado hasta el 29 de octubre.

Por otro lado, argumentó que en la anterior legislatura no hubo acuerdo para la aprobación de los mapas rurales pero el PP no se planteó modificar la ley para retirar de la misma la mayoría cualificada por ser una garantía de que “la ordenación no era una política partidista”.

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