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3.000 salmantinos cobran la ayuda de subsistencia

A otros 5.500 se les ha denegado porque no reunían los requisitos

Casi 3.000 salmantinos cobran el ingreso mínimo vital o la renta garantizada cada mes, según los datos oficiales.

 

Hay 2.495 perceptores del ingreso mínimo que estableció el Gobierno y al que pasaron casi todos los que ya cobraban la renta garantizada de ciudadanía, una ayuda similar que había puesto hace años en marcha la Junta de Castilla y León.

De los que percibían la ayuda de la Junta se les denegó el ingreso mínimo a 466, que siguen percibiendo la prestación autonómica.

Además, hay 359 beneficiaros del ingreso mínimo que cobraban más cuando estaban acogidos a la renta garantizada de la Junta, pero que con los nuevos requisitos veían reducida su prestación, por lo que el Ejecutivo autonómico completa la ayuda gubernamental para que sigan percibiendo lo mismo que antes.

Llama la atención la gran cantidad de personas que solicitaron el ingreso mínimo y la criba que se ha realizado, porque solo una de cada tres solicitudes cumplía los requisitos y se han aprobado. Hay 2.495 aceptadas y 5.499 rechazadas.

Un año y medio después de la entrada en vigor del IMV y de su convivencia con la prestación económica, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta ha constatado también otros efectos negativos, como el hecho de que cerca del 95 % de los beneficiarios de RGC que pasan a cobrar el subsidio estatal abandonan el itinerario formativo o el contrato de trabajo que se les había ofrecido, dado que esta renuncia no implica la pérdida del IMV, a diferencia de lo que ocurre con la RGC.

También se está observando un incremento del absentismo escolar entre los hijos de los antiguos perceptores de RGC, producido por el mismo motivo: han pasado a percibir el IMV y la no asistencia a clase de los menores no implica la pérdida de la prestación.

Ante esta situación, el Gobierno de Mañueco considera necesario replantear la naturaleza de la Renta Garantizada de Ciudadanía, de modo que garantice a sus perceptores el derecho a la integración social y laboral que no les asegura el IMV. Dicho de otro modo, dado que el IMV garantiza a sus perceptores unos ingresos mínimos para tener sus necesidades básicas cubiertas, la RGC debe orientarse a garantizar la inserción social de estas familias vulnerables.

La nueva RGC implicaría un ingreso adicional, incentivo o mejora económica para la persona que esté recibiendo el IMV a cambio del cumplimiento de unos compromisos que se determinen en un proyecto individualizado de inserción para la unidad familiar y que se entienden necesarios para superar una situación de exclusión social, teniendo en cuenta aspectos fundamentales como la educación y el acceso al empleo.

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