El Sistema Nacional de Salud es el principal cliente de la industria farmacéutica en España y por ello, como comprador mayoritario, en pura lógica de mercado debería poder condicionar a la baja el precio de los medicamentos que compra, pero aquí también la realidad del mercado dista bastante de las leyes teóricas que supuestamente lo rigen.
En una negociación transaccional de mercado el valor final de un producto depende de la fuerza de cada una de las partes que intervienen: comprador y vendedor. En este caso el Estado como comprador casi monopolista, tendría mucho que decir, pero la fuerza de un gobierno o país es menor que la fuerza de la industria farmacéutica. En el caso de España la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos es el eslabón débil y en el proceso de negociación se ve sometida no solo a las presiones directas de la industria farmacéutica, sino a presiones nada sutiles de otros ministerios del mismo gobierno que sufren también las presiones de la industria e incluso a presiones de gobiernos de otros países donde están radicadas las principales empresas farmacéuticas.
Una vez fijado el precio de un medicamento y puesto en el mercado el Ministerio de Sanidad pasa a tener un papel secundario y los dos actores principales son el laboratorio farmacéutico y las consejerías de Sanidad de las comunidades autónomas, la primera estimula el gasto y las segundas tratan de rebajarlo.
La industria farmacéutica utiliza todos los mecanismos a su alcance para “estimular” la receta de dicho medicamento para incrementar ventas y ganancias y, tradicionalmente, lo ha hecho de forma indirecta a través de las sociedades científicas y profesionales o directamente a través de los propios médicos prescriptores, en unos casos utilizando mecanismos sutiles y en otros procedimientos más directos. Esta estrategia se ha visto reforzada en los últimos años a través también de algunas asociaciones de pacientes. Las denominadas “declaraciones de conflictos de interés” que supuestamente regulan las relaciones sirven solo para maquillar las conexiones directas establecidas por la industria con unos u otros.
Desde el otro lado de la mesa las consejerías de Sanidad de las comunidades autónomas tratan de disminuir el gasto en medicamentos a través de órganos colectivos más pegados a la realidad como las direcciones asistenciales de atención primaria o especializada, presionando a los prescriptores a través de diversos mecanismos, que pueden ir desde comisiones clínicas de control a la vigilancia estricta del cumplimiento de las indicaciones aprobadas para dicho medicamento, estableciendo en los contratos anuales de gestión techos de gasto en medicamentos que, en caso de superarse, penalizan económicamente a los profesionales de un centro o servicio sanitario en su conjunto.
No todo es así de simple, pero sí lo son las coordenadas en las que se mueve el juego de intereses de la autorización, precio y utilización de la mayoría de los medicamentos que, no hay que olvidar, se pagan con dinero público.
Profesionales y pacientes somos actores secundarios de esta película, pero no cabe duda que también somos determinantes de la viabilidad y mantenimiento del sistema sanitario a través de la receta y consumo de fármacos y el gasto que conlleva este apartado en el Sistema Nacional de Salud. Hacer un uso racional de los medicamentos es esencial para la salud de todos y cada uno de nosotros y también para el mantenimiento del sistema.
Miguel Barrueco
Médico y profesor universitario