El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, apeló este miércoles a la “buena gestión activa y sostenible” de los propietarios privados forestales para reducir el riesgo de incendios, un mensaje que lanzó durante la inauguración de una jornada celebrada en el PRAE, en Valladolid, organizada por Fafcyle, y que profundizó durante la mañana en la situación del sector en una Comunidad “referente” en materia forestal en Europa, con 5,1 millones de hectáreas forestales, de las que tres son privadas.
ICAL. En este sentido, señaló que “todo lo que se apoye” a la propiedad privada para fomentar la mejor gestión de los montes “generará muchísimos beneficios económicos”, como son, enumeró el consejero, la saca de la madera y productos como la castaña, el piñón, la micología o el turismo de naturaleza. “Esa gestión que se pueda realizar en esos tres millones de hectáreas privadas redundará en la economía, sobre todo en la de nuestros pueblos, porque es una actividad económica muy rural, que fija población”, comentó.
El consejero en funciones ligó las políticas del reto demográfico con la promoción del aprovechamiento forestal del total de la superficie, tanto pública como privada, y que se añaden a las políticas públicas gestionadas por la Junta para “generar actividad económica y empleo en el medio rural”.
Suárez-Quiñones detalló que, en este sentido, su departamento “está haciendo dos cosas”. Desde el punto de vista de la normativa administrativa, “simplificar los trámites para cambiar autorizaciones por declaraciones responsables”, con el fin de “facilitar la reversión de terrenos agrícolas a forestales y de forestales a agrícolas”, lo que supone “dar flexibilidad a los propietarios” y a las normas dictadas mediante decretos en los años 2023, 2024 y 2025.
Y en segundo lugar, “ayudar” a los propietarios con fondos públicos basados en el Plan Estratégico de la PAC (Pepac). En lo que va de año, dijo se han convocado ayudas por importe de año 80 millones de euros para la planificación y los tratamientos silvícolas, además de para la mejora de tratamientos silvopastoriles para la ganadería extensiva, que “tan importante para la prevención de incendios”. La forestación de tierras agrarias también redunda, precisó el consejero, en otra línea importante como es la licitación de derechos de CO2, que “determina también la generación de beneficios económicos para este sector”.
“Buscar” el asociacionismo
Para lograr alcanzar este camino es necesario “buscar” el asociacionismo forestal y la concentración de las propiedades para que sean productivas. “El problema es que muchos propiedades lo son incluso por herencia y desconocen hasta dónde están sus terrenos”, comentó Suárez-Quiñones, quien apuntó que la Junta fomenta el ‘Modelo Soria’ para el asociacionismo forestal privado, pero siempre dentro del marco del “respeto a la propiedad privada, y no se les puede imponer modelos que no quieran asumir”.
Recordó que este modelo en los Montes en Soria, con más de 400 propietarios, se engloban en entidades asociativas que busca que pequeñas parcelas se conviertan en una grande y sea económicamente rentable explotarla”. “Ese es el camino. Es lo que nosotros hacemos y fomentamos. Lucha contra los incendios y hace el monte más productivo, con más empleo en el medio rural. Es un círculo virtuoso. Si hay más empleo en el medio rural, los pueblos no se despueblan, hay más control de la actividad en el monte, menos incendios y más economía rural, por lo tanto es muy positivo”, resumió.
Ley Agraria
Por su parte, el presidente de Fafcyle, Jesús Pestaña, reclamó el “papel esencial y fundamental” de la organización en el cuidado de sus montes, porque “detrás de cada gestión hay unos propietarios, hay unas familias, comunidades locales que por generaciones llevan trabajando, cuidando y manteniendo estos territorios, que dan unos servicios ecosistémicos para beneficio de toda la sociedad”.
Más allá de esta reivindicación, urgió la modificación de la Ley Agraria de Castilla y León, que es “absolutamente injusta” y que “incluso no se atiene a derecho y va contra una norma superior, que es la Ley Agraria nacional”. “Aquí se excluye de lo agrario a la parte forestal. Creemos que es una injusticia y reclamamos la nulidad de pleno derecho de dicha norma. Ese es el mensaje fundamental que queremos transmitir”, insistió.
A su juicio, esto crea “disfunciones” porque las medidas de apoyo que llegan “desde Madrid y Bruselas para lo agrario, automáticamente al llegar a Castilla y León nos excluye”, al igual que sucede, dijo, con los fondos de la PAC, que a pesar de haber sufrido reducciones, “son cuantiosos”. De hecho, lamentó que a pesar de que la superficie forestal representa la mitad del territorio, el sector recibe un “escaso” tres por ciento del total de la PAC.
Pestaña se refirió al principal problema de los propietarios privados de montes en Castilla León, donde la superficie está “terriblemente fraccionada” y es “muy difícil acceder a todos ellos”. “Procuramos, o sería nuestro deseo, mover el tablero y que realmente fueran propietarios aquellos que desean serlo y no los que no viven cerca. Pensemos que hay muchos que a lo mejor viven en Barcelona, en Bilbao o en Uruguay. Entonces es muy complicado así. Hay que tomarse en serio el tema de la propiedad forestal y la fragmentación tan tremenda”, concluyó.
