Vecinos de Villamayor, Salamanca, Doñinos y resto de localidades del alfoz representados en las plataformas Cuidamos Villamayor y Stop Olores se concentran frente a la delegación de la Junta en Salamanca porque han agotado su paciencia y piden la dimisión de Eloy Ruiz, delegado de la Junta de Castilla y León en Salamanca, porque llevan años esperando soluciones y viendo cómo los derechos quedan relegados frente a otros intereses, principalmente políticos y económicos.
En septiembre de 2024, los miembros de las plataformas se reunieron con esta Delegación Territorial y aportaron informes, documentación y la resolución del Procurador del Común. También presentaron un escrito al que, a día de hoy, aún no han recibido respuesta. Asimismo, solicitaron una reunión que tampoco ha sido atendida. “Expusimos una situación que miles de vecinos sufríamos y seguimos sufriendo diariamente”, puntualizan.
La respuesta que recibieron fue que los problemas de olores quedarían solucionados en un plazo de tres meses. Es decir, en diciembre de 2024. Posteriormente, el plazo se trasladó a marzo de 2025. “Veinte meses después, los olores continúan. Seguimos sin poder abrir las ventanas con normalidad en determinados días y comprobamos cómo los expedientes se eternizan, las denuncias se ignoran, mientras los ciudadanos continuamos soportando las consecuencias”, señalan desde las plataformas.
Por ello, se preguntan: ¿Quién está protegiendo a los vecinos? ¿Quién está protegiendo a esta empresa? “Los resultados obtenidos y el tiempo transcurrido demuestran que algo no se está haciendo correctamente”, informan.
Son conscientes de que los técnicos de la Junta de Castilla y León, tanto en Salamanca como en Valladolid y Burgos, están realizando su trabajo. “Sin embargo, nos preocupa que las decisiones políticas estén contribuyendo a dilatar un proceso que debería haberse resuelto hace mucho tiempo”, apuntan.
La Autorización Ambiental Integrada publicada en julio de 2025 establecía nuevas obligaciones y medidas correctoras. Han transcurrido ya los seis meses previstos para su implantación y los vecinos siguen sin percibir una mejora real de la situación.
“Conocemos los resultados de las auditorías realizadas en la empresa. Por ello, al delegado territorial le pedimos que permita actuar a los técnicos y que traslade a la Fiscalía y al resto de administraciones competentes las posibles deficiencias detectadas. Asimismo, consideramos que debe valorar la adopción de medidas cautelares eficaces, dado que han transcurrido ya veinte meses sin que el problema se haya solucionado”, denuncian.
Mientras no exista una solución real y efectiva, y antes de que esta situación pueda afectar aún más a la salud de los ciudadanos y a parte del tejido industrial de la ciudad. “Entendemos que deben adoptarse todas las medidas previstas en la normativa vigente, tal y como ya recogía la resolución del Procurador del Común, emitida en julio de 2024”, matizan desde las plataformas.
Mientras tanto, siguen encontrándose con retrasos, falta de información y una preocupante ausencia de resultados efectivos.
“Los ciudadanos tenemos derecho a preguntarnos por qué, después de tantos informes, advertencias y expedientes, el problema sigue sin resolverse. Tenemos derecho a preguntarnos por qué las administraciones actúan con tanta lentitud cuando la salud, la calidad de vida y el bienestar de miles de personas están en juego. Tenemos derecho a exigir transparencia, explicaciones y responsabilidades”, exponen.
Aseguran que esta concentración ante la Junta no es para pedir favores. “Venimos a exigir que se cumpla la ley, que se proteja a los ciudadanos y que las resoluciones, los informes técnicos y las medidas ambientales dejen de ser papel mojado”.
Por ello, si las administraciones no actúan, los vecinos seguirán movilizándose, denunciando, acudiendo a los tribunales cuando sea necesario, informando a la opinión pública y reclamando justicia a quienes tienen la obligación de impartirla. “Porque respirar un aire limpio no es un privilegio, es un derecho. Y porque la salud de miles de vecinos debe estar por encima de cualquier interés económico o político”, aseguran.
Los vecinos ya no están discutiendo si existe un problema. “Lo que estamos denunciando es por qué, después de tantos años, ese problema sigue sin resolverse y quién debe asumir la responsabilidad de ello”, señalan.
Acudieron a la concentración miembros de la plataforma Cuidamos Villamayor, Stop Olores y Stop Biogás Tornadizos, porque les preocupa especialmente la proximidad prevista de las plantas de biometano a núcleos habitados, por el impacto que va a tener sobre la calidad de vida de los vecinos, por mencionar, Tornadizos, Babilafuente, Villamayor, Castellanos de Villiquera, Cantaracillo…
Ante la ausencia de control que, a su juicio, existen actualmente en este tipo de industrias, se preguntan qué garantías reales podrán ofrecer las administraciones cuando estas instalaciones comiencen a multiplicarse en nuestra provincia y en nuestra comunidad autónoma.
También nos preguntamos qué mecanismos se establecerán para garantizar que el interés general prevalezca siempre sobre cualquier otro interés particular.
“Castilla y León debe atender a decisiones como la tomada por la Junta de Castilla la Mancha, la semana pasada, consistente en la paralización de todos los proyectos de biogás, biometano, hasta que no consensuen una regulación clara, y suficientemente garantista para este tipo de proyectos”, concluyen.
