El Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León (Copcyl) acordó este martes la expulsión del colegiado de Salamanca condenado por un delito de abusos sexuales a una paciente. La Junta de Gobierno aprobó por unanimidad, en la reunión extraordinaria celebrada el lunes, imponer la sanción más grave prevista en el régimen disciplinario de los estatutos del Copcyl.
Según informó la entidad el pasado mes de febrero, cuando el colegio tuvo constancia de la denuncia penal interpuesta por la víctima, su Comisión Deontológica abrió al colegiado un expediente disciplinario por infracción de las normas básicas de la deontología profesional. La Comisión elevó ayer a la Junta una propuesta de resolución en la que dictaminó la expulsión del colegiado condenado en Salamanca.
Con todos los votos favorables, la Junta de Gobierno aprobó la expulsión del colegiado, con base en sus estatutos, en el Código Deontológico de la Psicología y en la Ley de Colegios Profesionales. La expulsión supone, en la práctica, la inhabilitación para ejercer la psicología, al tratarse de una profesión de colegiación obligatoria. La resolución impide también al sancionado colegiarse tanto en España como en cualquier otro país de la Unión Europea.
El Copcyl condenó “con contundencia” los hechos y remarcó que “el fin último de la psicología se basa en el cuidado de la salud, el bienestar y la plenitud del desarrollo de las personas”. “La protección de los pacientes debe constituir siempre la máxima prioridad de cualquier sistema de atención psicológica y de las instituciones encargadas de velar por la calidad y la ética profesional”, añadió el Colegio.
Una vez notificada la expulsión, el sancionado, condenado a ocho años de prisión por la Audiencia Provincial, dispone de un mes para interponer recurso de alzada ante el Consejo General de Psicología o dos meses para recurrir ante la justicia ordinaria.
Facultad de Psicología
A tenor de estos acontecimientos, la Facultad de Psicología de la Universidad de Salamanca, que mantenía relación docente con el condenado, quien ejercía como profesor asociado a tiempo parcial, emitió un comunicado para posicionarse “en defensa de la dignidad, la ética profesional y el respeto a las personas”, ante la “profunda conmoción y preocupación” suscitada por sentencia en la comunidad universitaria.
Mediante la lectura de la declaración por parte de autoridades académicas, la Facultad de Psicología manifestó su rechazo ante “cualquier forma de violencia sexual, abuso de poder, manipulación, acoso o vulneración de la dignidad de las personas”. Aún más, ante conductas que “afecten a contextos marcados por la confianza, la dependencia, la asimetría profesional o la especial vulnerabilidad de la persona atendida como ocurre en los procesos de terapia psicológica”.
La Facultad reafirmó que “ninguna forma de acoso, abuso, violencia sexual o trato indigno tiene cabida en la comunidad académica ni en los espacios vinculados a la formación y al ejercicio profesional de la psicología”. Finalmente, expresaron su “reconocimiento, apoyo y solidaridad” con la persona denunciante, “así como con todas las personas que han atravesado o atraviesan situaciones de violencia sexual, abuso, intimidación o trato indigno”.