Villarejo se declara víctima de un montaje tras desvelarse sus reuniones con la socialista Leire Díez

El excomisario Villarejo. (Archivo)
El excomisario Villarejo. (Archivo)

El excomisario José Manuel Villarejo ha denunciado la existencia de una campaña para destruirlo y ha evitado aclarar si se reunió con la exmilitante del PSOE Leire Díez. Durante la segunda jornada de su declaración en el juicio del caso Kitchen, el acusado ha arremetido contra las supuestas "cloacas" del Estado, ha restado validez a las agendas que precipitaron la causa y ha asegurado que el operativo policial buscaba dinero oculto del extesorero Luis Bárcenas, y no información sensible para el Partido Popular.

A su llegada a la Audiencia Nacional, José Manuel Villarejo centró el foco mediático tras los recientes informes de la Guardia Civil que apuntan a que mantuvo varios encuentros en el verano de 2024 con la exmilitante socialista Leire Díez. Según los investigadores, Díez le habría ofrecido un acuerdo con la Fiscalía para evitar la prisión a cambio de información confidencial. El excomisario eludió confirmar o desmentir estas citas ante los medios de comunicación, remitiéndose a una futura citación judicial. "Por respeto a Pedraz, cuando me cite le contestaré", afirmó, en referencia al magistrado Santiago Pedraz.

Villarejo cargó con dureza contra el empresario Javier Pérez Dolset, acusándolo de obtener audios en el "internet profundo" para nutrir las piezas judiciales en su contra. Además, calificó la situación de "montaje" y denunció una supuesta contradicción en el Ministerio Fiscal, señalando que mientras una parte persigue estas presuntas tramas, la Fiscalía Anticorrupción utiliza dichas grabaciones como prueba en el juicio de Kitchen.

La defensa de la Operación Kitchen

Ya en el estrado, y respondiendo únicamente a preguntas de su abogado debido a supuestos problemas de salud, el acusado insistió en que el operativo desplegado en torno a Luis Bárcenas fue una misión legal que tenía como único objetivo localizar fondos ocultos en el extranjero que el extesorero había sustraído a la acción de la justicia. La Fiscalía, cabe recordar, solicita para él una pena de 19 años de prisión.

Durante el interrogatorio, el excomisario trató de desmontar las principales tesis de la acusación:

  • Espionaje político: Aseguró que "jamás" recibió el encargo de buscar grabaciones que afectaran a Mariano Rajoy o Javier Arenas.

  • Papeles: Calificó los denominados "papeles de Bárcenas" como una estrategia del extesorero para negociar beneficios procesales mediante la difusión de documentos manipulados.

  • Rol secundario: Se autodefinió como un "agente cometa o volante" que actuaba al margen de la estructura oficial, negando haber coordinado las vigilancias a la esposa de Bárcenas, Rosalía Iglesias.

  • Agendas personales: Restó validez legal a las anotaciones de sus diarios personales, que han sido clave para la instrucción, tildándolas de simples "elucubraciones" o técnicas para captar información.

La "obsesión" de Cospedal

Sobre sus contactos con la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, el excomisario relató que la vio "obsesionada" con las anotaciones que apuntaban a "M. Rajoy". Según su versión, él se limitaba a "seguírle la corriente" y negó que ella le pidiera sustraer dicha documentación, argumentando que Cospedal simplemente creía que él tenía capacidad para frenar su publicación en los medios de comunicación.

Asuntos Internos

La jornada del juicio también contó con la declaración del exjefe de Asuntos Internos de la Policía, Marcelino Martín Blas, quien se desmarcó por completo de cualquier maniobra relacionada con el extesorero del PP. "Yo de esto de Bárcenas no supe nada hasta que no se me imputó", aseveró ante el tribunal.

Martín Blas arremetió contra las declaraciones de subordinados y testigos que le vinculaban con la orden de vigilar a la familia de Bárcenas, calificando sus testimonios de "mentira ridícula". El exjefe policial atribuyó estas acusaciones a una enemistad manifiesta con el exjefe de la Unidad de Vigilancias, Jesús Vicente Galán, asegurando que este ha hecho todo lo posible para perjudicarle. La Fiscalía solicita para Martín Blas una pena de dos años y medio de cárcel, la más baja de los diez encausados en el procedimiento.

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