[dropcap]L[/dropcap]os presupuestos del Estado, decía Gunnar Myrdal, Premio Nobel de Economía de 1974 -fue Director de la Comisión Económica para Europa, y realizó estudios de distribución de la renta nacional de gran interés, además de un trabajo señero sobre “El dilema americano” recomendando la integración de negros y blancos en EE.UU.-, al referirse a las cuentas públicas anuales, venía a decir que “el presupuesto es el plan general de la Hacienda pública para un año”. Y daba a su discusión una gran importancia, por ser el momento de la selección de las diversas prioridades de ingreso y gasto.
En el caso de las entradas, lo que se discute es cómo conseguir los diferentes recursos para la acción del Estado, por los medios tributarios disponibles; con mayor o menor prevalencia de los impuestos directos (en nuestro caso, IRPF, Sociedades, Donaciones y Sucesiones, etc.) e indirectos (actualmente, IVA, especiales sobre carburantes, tabacos, y alcoholes, Aduanas, etc.), aparte de algunos tributos menores. De modo que en la selección del mix resultante, cabe apreciar las características más o menos progresistas del gobierno, según defienda qué cuadro tributario para el país. Aunque ciertamente, en esto, también existe mucha polémica.
En cuanto a los gastos públicos, aparte de su reparto entre los correspondientes diversos ministerios, o aplicaciones territoriales de CC.AA. y entes locales, generalmente se clasifican por su finalidad retributiva de los funcionarios, y por el gasto social y otros menesteres. Incluyendo en lo social los servicios públicos que más afectan a la vida cotidiana de los ciudadanos: educación, sanidad, pensiones, dependencia, etc. Sin olvidar otros gastos de servicio público, como los destinados a seguridad ciudadana (justicia, policía, instituciones penitenciarias), defensa (fuerzas armadas, presencia en organizaciones como la OTAN, etc.), política exterior, solidaridad internacional, etc. Y análogamente a lo expuesto sobre los ingresos, también a través del gasto es fácil apreciar las características más o menos sociales del presupuesto, así como las inevitables manifestaciones internacionales del Estado.
En tiempos, el debate presupuestario era largo, minucioso, y en ocasiones de gran interés por las opciones que se iban adoptando respecto a cada partida de gasto. Pero hoy, ese interés ha decaído grandemente, por los planteamientos políticos que influyen en ingresos y gastos, se incluyen, a lo largo de las legislaturas, en las nuevas leyes y sus reformas. Por eso, aunque el debate de las cuentas estatales se considera como el acto parlamentario más importante del año, puede decirse que en la práctica, salvo en la primera fase de presentación del conjunto y de discusión de las enmiendas a la totalidad, reclama muy poco la atención del público y de los propios parlamentarios.
[pull_quote_left]La economía española se encuentra en recuperación, después de haber transcurrido durante un largo tiempo por la recesión, y por una recuperación leve en 2014.[/pull_quote_left]Nuestra Constitución de 1978, en su artículo 134, establece que “corresponde al Gobierno la elaboración de los presupuestos… y a las Cortes Generales su examen, enmienda y aprobación”. E igualmente, se establece que “el Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior”. Con lo cual resulta que, cabe presentarlos en cualquier momento del año anterior, con tal de que sea antes del 30 de septiembre. Una facultad que el Gobierno Rajoy ha utilizado este año para hacerlos presentes y discutirlos durante el verano; pensando tenerlos aprobados con carácter previo a la disolución de las Cortes de cara a las elecciones generales, que previsiblemente se convocarán para el 20 de diciembre del año en curso.
Esa decisión ha tenido un carácter, a mi juicio, altamente positivo. En especial, en una fase en la que la economía española se encuentra en recuperación, después de haber transcurrido durante un largo tiempo por la recesión, y por una recuperación leve en 2014. Lo que hacía aconsejable evitar incertidumbres sobre si la convocatoria de elecciones a Cortes para el otoño (por lo demás plenamente obligada) nos dejaría sin presupuestos para el año siguiente. Tal como sucedió, de manera absolutamente demencial, con la disolución de Cortes de Rodríguez Zapatero en 2011, al tirar la toalla de la defensa de su Gobierno frente a la crisis, dejando a nuestra economía sin presupuestos para el 2012, y con España al borde del rescate por la troika de la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional.
[pull_quote_left]El ambiente económico exterior se ha deteriorado de manera importante. Como es apreciable por el deterioro de las previsiones del FMI sobre crecimiento mundial[/pull_quote_left]Esta vez, las cosas se han hecho bastante mejor, afortunadamente. Y podemos tener ya una guía presupuestaria para el año próximo, en la idea de que puede contribuir a fortalecer los indicios de mejora, que pueden ir alejándonos de la crisis de 2008. Aunque es cierto que entre el anuncio de los Presupuestos para 2016 y su aprobación final, el ambiente económico exterior se ha deteriorado de manera importante. Como es apreciable por el deterioro de las previsiones del FMI sobre crecimiento mundial, y marcadamente por la situación de los países emergentes -que durante la crisis siguieron pulsando con un crecimiento que pudo paliar los efectos del maremágnum 2007/2008-, que ahora se muestran todos ellos en situación difícil: Rusia en profunda recesión por las sanciones occidentales a causa de Crimea y Ucrania; China en una tendencia de desaceleración que seguramente no permitirá su objetivo de crecimiento del 7,5 por 100; influyendo negativamente en países emergentes como Brasil, Argentina, o México, y de manera muy intensa en otros más próximos como Australia, Nueva Zelanda y todo el Sudeste asiático.
En la sesión parlamentaria del 29 de agosto, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro -que no es precisamente un Demóstenes ni un Castelar-, cuando se subió a la tribuna de los oradores de cara al hemiciclo, estuvo muy explícito. Y entiendo que bien preciso y ajustado a la coyuntura real, planteando el objetivo de los presupuestos como un ejercicio todavía con elementos de austeridad: llegar el próximo año a un déficit de sólo el 2,8 por 100 del PIB, y a un endeudamiento ya algo por debajo del amenazante 100 por 100 del PIB.
Y me pareció bien que el Sr. Montoro recordara que en 2011, ZP, con su tocata y fuga al disolver el Parlamento para las elecciones de noviembre de ese año, nos dejara empantanados a más no poder. Y sin embargo, en los meses siguientes, a pesar de los numerosos planteamientos en el sentido de pedir el rescate -como lo habían hecho Grecia, Irlanda y Portugal-, no hubo tal cosa. Aunque sí hubo de aceptarse una cifra de 40.000 millones de euros para refinanciar las instituciones financieras (casi por entero las cajas de ahorros) y ponerlas en condiciones; echando al baúl de los recuerdos aquello del Sr. Rodríguez Zapatero de que nuestras entidades de crédito eran las mejores del mundo y bla, bla, bla.
[pull_quote_left]…Será muy difícil que el Estado recupere la cifra invertida en el saneamiento sel sector financiero, cuyo nivel se discute aún, pero que puede estar en torno a 65.000 millones[/pull_quote_left]Y después de entrar en la vía de la austeridad -en mi opinión con decisiones relativamente tímidas en algunos casos, sobre todo en la Administración Pública, y con una consolidación fiscal mucho más lenta de lo que habría sido posible-, se acometieron las reformas estructurales, con una decisión meritoria, aunque también con menos grados de intensidad de lo que habría sido posible. Con todo, la reforma laboral resultó útil para hacer posible la supervivencia de cientos de miles de empresas que de otra manera se habrían ido al garete. Y en lo fiscal, hubo, ciertamente, ida y vuelta: aumento de la presión inicialmente, para después retornar a tipos más asimilables por los emprendedores y consumidores. Y en lo que se refiere a lo financiero, la ayuda comunitaria ha sido eficaz, si bien es cierto que será muy difícil que el Estado recupere la cifra invertida en ese saneamiento, cuyo nivel se discute aún, pero que puede estar en torno a 65.000 millones de euros.
Vamos a dejar aquí de momento el presente análisis de la política presupuestaria y todo su trasfondo económico, en la idea de terminarlo en una segunda y última entrega de este artículo.
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