[dropcap]E[/dropcap]stá claro que los empleados públicos forman parte de los intereses electoralistas del Gobierno del Partido Popular y que a pesar de haberlos vapuleados y desprestigiado ahora intentan recuperar su confianza cambiando de estrategia ante la proximidad de las elecciones generales, y con una vergonzosa maniobra electoralista, que insulta la inteligencia de los empleados públicos, solicita un crédito extraordinario para devolver parte de la paga extraordinaria y recuperar los días moscosos y canosos que habían perdido desde el año 2012. Lo hace mediante un Real Decreto, en vez de sentarse a negociar con los sindicatos en la Mesa de la Función Pública y con las comunidades autonómicas, dejando a estas con la responsabilidad de poder afrontar un montante económico muy importante sabiendo las limitaciones presupuestarias y de endeudamiento que tienen muchas de ellas.
Con su forma de hacer las cosas, el Gobierno ha favorecido la discriminación entre empleados públicos de las comunidades autónomas, universidades, ayuntamientos, diputaciones y el Estado.
[pull_quote_left]La Junta ya ha olvidado lo ágil y respetuosa que fue para descontar la paga extraordinaria a todos los empleados públicos y los días de vacaciones propuestos por el Gobierno Central.[/pull_quote_left]Mientras que en algunas comunidades ya se ha alcanzado un acuerdo para desarrollar los aspectos relativos al Real Decreto-Ley, la Junta de Castilla y León ha puesto de manifiesto, una vez más, su falta de voluntad negociadora. Se ha visto patente en la primera reunión que se ha celebrado de la Mesa de la Función Pública donde la Junta, en una clara maniobra de dilación y obstrucción del proceso de negociación, se presenta sin propuesta argumentando estar a la espera de un informe del Ministerio de Hacienda para ver si el coste computa en el déficit, porque de ser así, no podrán asumirlo, y se niega a habilitar un crédito extraordinario como ha hecho el Gobierno Central.
La Junta ya ha olvidado lo ágil y respetuosa que fue para descontar la paga extraordinaria a todos los empleados públicos y los días de vacaciones propuestos por el Gobierno Central. El panorama de negociación hubiera sido otro si en este momento estuviéramos próximos a la celebración de elecciones autonómicas en vez de generales, pues de todos es sabido el enfrentamiento que mantiene la Junta con el Gobierno Central en algunos temas.
La devolución de la paga extraordinaria y los días de vacaciones son derechos que les han sido arrebatados a todos los empleados públicos y en ningún caso supone la recuperación del poder adquisitivo que llega al 9,2% de pérdida.
Se han suprimido fondos destinados a la acción social, más de 400.000 empleos públicos y se ha ampliado la jornada laboral. El Partido Popular ha instalado la precariedad en la Administración Pública con un volumen insoportable de interinidad, con contratos, a menudo, en fraude de ley como así lo han reconocido diferentes informes de los sindicatos, el Defensor del Pueblo y el Consejo Económico Social entre otros, y ni qué decir de las privatizaciones y del abuso de cargos de confianza que ha llegado a límites mas allá de lo razonable favoreciendo la arbitrariedad y el amiguismo.
Por lo tanto, que el Gobierno no venda más humo y propaganda de mejoras para los empleados públicos que suena a broma, y se ponga a trabajar de una vez por todas para cambiar la política desastrosa que está practicando en la Administración Pública para mejorar, recuperar y devolver a la ciudadanía unos servicios públicos que garanticen igualdad y calidad para todos.
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