Luis García López, de Amnistía Internacional, junto a Andrés Álvarez Ilzarba, de la plataforma Stop Desahucios, han presentado este viernes el informe “La vivienda en España: un derecho hipotecado” realizado por Amnistía Internacional, que ha acogido el Centro de Estudios Brasileños. Acusan a las autoridades de incumplir uno de los derechos humanos fundamentales y de ignorar las cifras de personas que se han quedado sin hogar a causa de la situación económica.
Luis García López indica que en el artículo 47 de la Constitución Española se garantiza el derecho a una vivienda digna, y que ese derecho se está incumpliendo porque la vivienda ya no está entendida como uno de los derechos humanos sino como un bien de consumo o inversión. Denuncian la carencia de información de las cifras y de que las autoridades no dan datos del problema. El informe presentado recoge no solo datos, sino casos concretos reales, como el de Isabel Martín, quien les acompañaba en la presentación, y así hacer visible el problema en Salamanca.
Según el censo de 2011 había 3,5 millones de viviendas vacías en España, lo que suponía casi un tercio del total de viviendas vacías en Europa. Desde Amnistía Internacional y Stop Desahucios denuncian que no se hayan estado empleando para dar cobijo a familias en situación de necesidad. Acusan a las autoridades de falta de interés en cumplir con el anteriormente citado artículo 47 y exigen al gobierno central que paren la ejecución de desalojos y que modifiquen la Ley de Enjuiciamiento Civil, y a los ayuntamientos que pongan todos sus recursos e inviertan en política social.
Los alquileres
Además, buscan hacer visible el tema de los alquileres, las injusticias legales y el tema de la pobreza energética, pues aseguran que “no solo se trata de dar una vivienda, sino de que ésta sea digna”, es decir, que tenga suministros. Para ello exigen la prohibición de los cortes de suministros como la luz y que haya ayudas para pagar las facturas.
Isabel Martín, quien les acompañaba en la presentación del informe, contó su caso y cómo se vio obligada a dejar de pagar la hipoteca de su piso al comenzar a perder dinero de su propia empresa. “La situación te lleva a la desesperación, el miedo, la angustia, a creer que has hecho algo mal”, explicaba, antes de reconocer que entrar hace tres años en la plataforma Stop Desahucios le hizo comenzar “a quererme, a pensar que tenía derechos, porque pensábamos que los autónomos no teníamos derechos”. El informe contiene más casos reales similares, con historias dramáticas, y su objetico es hacer visible un problema del que las autoridades no dan información.
Texto y foto: Paula Castro Romo
