El Consejo de Ministros aprobó la semana pasada la evaluación final de Primaria, que mantiene la reválida de 6º de Primaria, lo que supondrá «un ataque frontal a los derechos del alumnado que concluye esta etapa, en una edad muy temprana para ser sometidos a un tipo de pruebas que condicionarán su futuro», asegún indica el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza (STE).
Además, STE indica que el Ministerio incrementa la carga de trabajo del profesorado y la enseñanza se centrará en la superación de pruebas y no en una formación académica global y personal del alumnado.
Asegura que las evaluaciones externas suponen «ignorar las condiciones en las que se desarrolla el aprendizaje, además de la influencia del contexto». El proceso de enseñanza-aprendizaje no es algo que se dé en un espacio vacío, en una caja preparada al efecto para recibir “el conocimiento”, sino que ha de tener en cuenta «las poderosas fuerzas del entorno que decidirán cómo, cuánto y qué se enseñará. Esta medida es una muestra importante del desinterés por todo lo que no sea rendición de cuentas ante las competencias y el establecimiento de ránkings entre centros, y profundiza en el camino hacia el olvido definitivo de la función de justicia social que ha de cumplir la educación y su sustitución por una función de selección social», señala.
Desprecio
El sindicato agrega que este tipo de pruebas conlleva «un desprecio hacia la profesionalidad del profesorado y, con ello, de los centros. Se minusvalora y se ignora su formación y capacidad para evaluar al alumnado, para detectar en qué aspectos hay problemas y cómo y cuándo abordarlos, desde qué enfoque y con qué recursos. Es restar la capacidad a los centros para conocer y abordar los problemas que puedan surgir y buscar los mecanismos para solventarlos».
Desde STES-intersindical recuerdan al Gobierno que las evaluaciones externas «no aportan ninguna mejora para el sistema educativo, suponen una duplicidad de funciones en el mejor de los casos y un negocio en el peor de ellos».
