CSI-F exige el retraso de la implantación de la Lomce en los centros

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) exige a la Junta que retire de la Mesa Sectorial de Educación la regulación de proyectos de autonomía para los centros escolares, que la Consejería quiere implantar en el curso 2016-2017.

“Nuestro rechazo al borrador de la Orden es total. Como ya esperábamos, es una bomba en toda la línea de flotación a la igualdad de oportunidades y a la equidad en el sistema público, y ahonda en los desequilibrios entre centros”, asegura la responsable de Enseñanza de CSI-F Castilla y León, Isabel Madruga.

Madruga recuerda, además, que “celebramos elecciones dentro de 20 días, y que no sabemos qué pasará con la Lomce, puesto que el conjunto de los partidos de la oposición ya han expresado su voluntad de derogar la ley del ex-ministro Wert”. Por ello, Madruga considera que es mejor que la Junta espere. “Ya tendremos tiempo de aplicar esos proyectos de autonomía, sí se continúa con ellos”, añade.

CSI-F considera que esos planes de autonomía previstos en la Lomce, que permite a las direcciones de los centros gestionar casi la cuarta parte de los horarios, “consagra la desigualdad de oportunidades entre los alumnos de nuestra Comunidad, y perjudica descaradamente a la enseñanza pública, al no valorar su labor de compensación”. Asimismo, ataca el principio de equidad, porque en lugar de dar a cada alumno lo que necesita para desarrollar sus competencias, favorece el que el sistema le trate mejor o peor en función de sus circunstancias personales y familiares, según CSI-F.

El borrador presentado por la Junta a los sindicatos, elaborado por la Dirección General de Política Educativa, “introduce nuevos factores de inseguridad y desequilibrio en los docentes a la hora de pedir traslados, dado que no todos los centros serán iguales”, apunta CSI-F.

Las condiciones y los requisitos de los planes de autonomía generarán “nuevos factores de inseguridad y desequilibrio en las familias, a la hora de elegir centro educativo, dado que la administración no garantizará que todos los centros eduquen de forma similar, creándose una clasificación de centros intolerable, y perjudicando a los que no puedan crear esos proyectos de autonomía”.

CSI-F aboga por la desaparición de estos planes, considera que estos detraen recursos de todos para entregarlos a unos pocos, que generalmente no son quienes más los necesitan. Discrimina a la educación pública frente a la concertada, pues la segunda no presta servicio en zona rural y, por tanto, todos los centros concertados tendrán acceso a proyectos de autonomía, lo que no ocurrirá en los públicos, por las condiciones requeridas a los centros rurales. A la enorme dificultad que supone el trabajar en un centro rural que tiene aulas en diferentes localidades, “añadimos más dificultades al exigirse que participen dos centros o más, aún más alejados”, apunta CSI-F.

Este sindicato se opone a que haya calendarios escolares diferentes, y critica que en los centros concertados los planes no necesiten la aceptación de los padres y en los públicos sí. Asimismo, rechaza la posibilidad de que la Consejería de Educación, con la colaboración del centro, divulgue los resultados de los planes de autonomía, porque supondrá la existencia de un ranking y un etiquetado de centros “tremendamente injusto y perjudicial para la educación pública.”

Además, califica de “intolerable que haya diferencias en el expediente académico de un alumno en la enseñanza obligatoria, en función del centro y las circunstancias personales y familiares en las que se ha desarrollado”. El borrador de la Orden, que se ha tratado esta mañana en la Mesa Sectorial, dice que los centros docentes con proyectos de autonomía autorizados reflejarán tal circunstancia en el historial y expediente académico del alumnado y, cuando proceda, en el informe personal por traslado, mediante diligencia en la que se hará constar la resolución por la que se autoriza la implantación del proyecto de autonomía.