CSI-F considera insuficiente la inclusión de 8 plazas de inspectores en la oferta de empleo público para 2016, ante la precariedad y la falta de personal de este servicio en la Comunidad, que resulta fundamental para defender la seguridad y los derechos de los consumidores de Castilla y León.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) insiste en que «hay que revisar la Relación de Puestos de Trabajo en la Inspección de Consumo, hay que elevar los niveles de los puestos, o hay que profesionalizar más el servicio con jefaturas específicas». CSI-F lamenta la “degradación” de este cuerpo que, curiosamente, tanta responsabilidad tiene en la seguridad y los derechos de los consumidores, es decir, de todos los ciudadanos.
Inspección de Consumo, como ha denunciado en varias ocasiones CSI-F, dispone de unos recursos humanos “insuficientes y precarios” en las diferentes provincias.
La Junta ha incluido en la oferta de empleo público para 2016 un total de ocho plazas de inspectores de consumo, una cifra insuficiente para este sindicato independiente, que recuerda que de las 50 plazas de inspectores que recoge la RPT apenas está ocupadas 30, y que muchos de esos inspectores están cercanos a la jubilación.
«La defensa del consumidor no ha sido un objetivo prioritario en las últimas legislaturas para la Junta de Castilla y León», lamenta CSI-F, “por lo que la labor de esta Inspección de Consumo, en la defensa de la salud, seguridad y los legítimos intereses económicos de los ciudadanos, en la adquisición de toda clase de bienes y servicios, no atraviesa sus mejores momentos”.
