La Alianza UPA-COAG denunció este miércoles la situación en la que se encuentran las explotaciones agrarias de la región «por la imposición de un catastrazo abusivo que se está utilizando para recaudar de forma extrema a costa de los agricultores y ganaderos».
Hay profesionales de la ganadería que por las granjas, naves, almacenes o instalaciones pagan un IBI «sobrevalorado y en ningún caso ajustado a la realidad».
La Alianza recuerda que el ‘catastrazo’ es la aplicación efectiva de un intento del Ministerio de Hacienda «por sanear las cuentas de los Ayuntamientos a través de la revisión y subida de los bienes del Catastro de Urbana y Rústica en toda España en general, y por lo tanto también en los consistorios de Castilla y León».
Desproporción
Esta organización considera que las revisiones que se están aplicando son «absolutamente desproporcionadas» en el caso del Catastro de Rústica, «por lo que pedimos a los ayuntamientos de la región que adopten medidas en la aplicación de determinados tipos impositivos que afectan a la actividad ganadera».
Considera que los ayuntamientos tienen que tomar medidas «inmediatas» para paliar el impacto de este impuesto, sobre todo, en la actividad ganadera, que atraviesa por una crisis acuciante en varios subsectores desde hace años.
Reclama que los ayuntamientos reduzcan la cuota de liquidación al mínimo previsto por la ley que es del 0,3% del valor catastral de los inmuebles de rústica (granjas, galpones, establos, invernaderos). Además, «deben aplicar las bonificaciones que permita la legislación a las instalaciones actualmente en activo, utilizadas para generar rentas y empleo en el medio rural».
