Los portavoces de la oposición mantuvieron este viernes una cumbre secreta para analizar la situación que se ha creado en el Ayuntamiento ante la actitud del alcalde, Alfonso Fernández Mañueco, y el equipo de Gobierno.
Los portavoces ya han venido expresando en sus últimas comparecencias su descontento con las formas de gobernar del alcalde, que se comprometió a gobernar con diálogo y transparencia, forzado por la pérdida de la mayoría absoluta, pero que en la práctica trata con cierto desdén a la oposición.
No solo a la hora de entregarle con diligencia la información que le solicitan, que se demora lo que se puede para luego dársela incompleta, sino que a la hora de tomar algunas decisiones aplica el rodillo como si tuviera mayoría absoluta o no escucha a la oposición.
Estas circunstancias se han venido repitiendo desde que fue investido alcalde en minoría, pero su actitud ante los últimos reveses judiciales sobre el urbanismo de anteriores equipos de gobierno del PP han terminado de crispar los ánimos de la oposición.
Responsabilidades
A los reveses judiciales se suman la falta de asunción de responsabilidades que le pide la oposición, y se limita a decir que él no estaba cuando se tomaron esas decisiones urbanísticas. pero sí estaban tres miembros de su actual equipo de Gobierno.
La falta de iniciativa consensuada con la oposición para buscar una solución también suma en el debe del alcalde, que lo que ha llegado a proponer para solucionar el caso de El Corte Inglés, es pedirle una moratoria de dos años a la Junta para buscar una solución, algo que los portavoces de la oposición ven como un «apaño» y «un intento de ganar tiempo» para cerrar en falso el problema. De hecho, la oposición ha impedido este viernes en la comisión de Fomento que se lleve por la vía de urgencia la iniciativa de Mañueco.
La gota que ha colmado el vaso ha sido la actitud del alcalde sobre el parking de Garrido que construye una empresa cercana al PP. Sin encomendarse a nadie ha modificado el proyecto del parque que supone un sobrecoste de 0,6 millones de euros.
La oposición se ha visto empujada a poner en común criterios y una línea de acción para tratar de hacer ver al alcalde que ya no dispone de mayoría absoluta para gestionar la ciudad como cuando el PP tenía mayoría absoluta y «que no se salga con la suya» en aspectos como los problemas urbanísticos.