Preocupación por los 738 funcionarios de la Diputación

Ante la posibilidad de que un acuerdo político de Gobierno provoque la desaparición de las diputaciones provinciales, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) reclama a los grupos parlamentarios una negociación inmediata de las reformas de las administraciones públicas, en el marco de un Pacto de Estado, que se haga sin imposiciones y con presencia de la representación sindical, para evitar decisiones unilaterales de consecuencias irremediables, tanto para los empleados públicos como para los ciudadanos usuarios de los servicios públicos.

CSI-F alerta de que la supresión de las diputaciones provinciales de España afectaría a unos 62.000 trabajadores, cerca de 7.000 en Castilla y León (738 en Salamanca).

En este sentido, el presidente autonómico de CSI-F de Castilla y León, Carlos Hernando, recuerda que “defendemos un modelo de administración moderna, eficiente y cercana a los ciudadanos, con una gestión transparente y rigurosa para evitar los errores que contribuyeron a agravar la crisis económica en España”.

Pero este modelo de gestión, matiza Hernando, “incluye una correcta planificación de los puestos de trabajo, reforzando aquellos ámbitos donde sea necesario, porque no sobran trabajadores, como pone en evidencia los problemas en la prestación de servicios provocadas por los recortes”.

‘Calentón’

Además, Hernando insiste en que una decisión como la desaparición de las diputaciones provinciales “requiere de una reflexión y un análisis muy serio, y no puede responder a un calentamiento político coyuntural”. Remarca que las consecuencias podrían ser muchas, tanto laborales como sociales, territoriales o políticas; y que en el caso de alguna provincia de Castilla y León “podría poner en peligro su sostenibilidad y supervivencia territorial”.

Por tanto, para CSI-F las decisiones que se adopten deben de negociarse y “no pueden perjudicar ni a los trabajadores (dado que las plantillas ya han sido suficientemente mermadas durante esta crisis), ni por supuesto a la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos”.