Piden al Gobierno que elimine los recortes de los funcionarios

Concentración de funcionarios ante la sede de la Junta en Salamanca.

CSI-F pide al Gobierno eliminar todos los recortes, recuperar el poder adquisitivo y 35 horas semanales, mientras se prolonga el periodo de investidura.

 

Este sindicato reclama a todas las formaciones, «desde el respeto a las negociaciones políticas y la independencia que caracteriza a nuestra organización, un compromiso renovado con los empleados públicos que permita dignificar sus condiciones laborales y participar de la recuperación económica ejerciendo un papel activo en un modelo renovado y eficiente de nuestras administraciones públicas».

En este sentido, pide a los partidos que incluyan en el debate aspectos  como la recuperación del poder adquisitivo, incluido la recuperación de la paga extra íntegra que se nos eliminó en 2012, la eliminación de los recortes (como los descuentos por baja médica) o la jornada de 35 horas.

«Todas estas cuestiones han sido trasladadas al Gobierno en funciones para que las ponga en práctica, mientras perdure la falta de acuerdo entre los partidos que permita renovar el Ejecutivo. Hay cuestiones como la oferta de empleo público, que ya están presupuestadas y por tanto se deben convocar inmediatamente», indica.

Los problemas

En CSI-F están convencidos de que «necesitamos una administración pública avanzada, eficiente, ágil y que solucione los problemas de los ciudadanos. Para lograrlo, es preciso que las administraciones públicas se transformen, y para ello es necesario que haya voluntad política, visión de futuro y consenso».

Los objetivos prioritarios de CSI-F son la creación de empleo público estable, y la recuperación y mejora de las condiciones laborales, «enormemente deterioradas en los últimos años. Estamos comprometidos a trabajar permanentemente por la dignificación del empleo público y el reconocimiento de la figura del empleado público», agrega.

Rechaza «frontalmente la privatización de los servicios públicos y exigimos que se delimiten los servicios que han de ser públicos en un acuerdo vinculante, independientemente del partido que gobierne».

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