Las Plataformas en Defensa de la Sanidad Pública de Castilla y León consideran que el próximo Gobierno, tenga la composición que tenga, «debe derogar el entramado legislativo que ha servido para potenciar el desmantelamiento y privatización del sistema público de salud, y se debe comprometer a recuperar para el sistema público los centros transferidos a la gestión privada».
La plataforma señala que los resultados de las últimas elecciones del 20D han expresado que «hay una amplia mayoría que rechaza las políticas liquidacionistas del sistema sanitario público, impulsadas en la última legislatura por el Gobierno del PP».
Considera que solo un Gobierno que plantee una política sanitaria de estas características, «será considerado legítimo por el movimiento en defensa de la sanidad pública».
La Plataforma para la defensa de la Sanidad Pública de Castilla y León asegura que el Real Decreto de 2012, impulsado por el Gobierno de Mariano Rajoy, «supuso un punto de inflexión en el proceso de privatización y desmantelamiento del Sistema Sanitario Público, que se había iniciado con la Ley de 1997 sobre nuevas formas de gestión en el Sistema Sanitario Público (SSP)».
El decreto de 2012, sustituye el carácter de derecho universal de acceso a la atención sanitaria, por el de derecho de acceso sólo a los asegurados, «retrotrayéndonos socialmente treinta años atrás, justo antes de que se aprobara la Ley General de Sanidad de 1986, dejando fuera del sistema público a cerca de un millón de personas en el conjunto del Estado español», indica la plataforma.
Marco para los recortes
Añade que esta medida fue el marco «legal» que permitió además recortes presupuestarios en más de 10.000 millones de euros, así como la eliminación de 53.000 plazas de trabajadores/as del sistema: auxiliares, enfermeras, médicos,… «cuestión que ha supuesto a su vez el incremento brutal de las listas de espera y el deterioro de la calidad de la atención sanitaria».
Simultáneamente, «y en coherencia con la ideología que está detrás del decreto de 2012, se han visto aumentados y reforzados los nefastos experimentos, siempre favorable a los intereses privados, de colaboración público-privada, que en el caso de nuestra Comunidad Autónoma afecta de forma dramática al Hospital Universitario de Burgos con una repercusión muy grave, especialmente desde el punto de vista presupuestario, sobre el conjunto del sistema público en Castilla y León».
La plataforma indica que la Atención Primaria (AP) en nuestra Comunidad se ha visto «especialmente perjudicada en los últimos años, ya que los recortes en personal y presupuestarios han sido especialmente intensos. En una Comunidad como la nuestra, con unas características demográficas y territoriales muy especiales (envejecimiento de la población y amplísima dispersión de ésta), los recortes sobre la AP tienen unos efectos especialmente perniciosos».
