Los bancos se quedaron el año pasado con 49.694 viviendas, porque sus propietarios (familias en su mayoría) no pudieron seguir pagando las hipotecas, lo que supone un aumento del 11 por ciento en comparación con el ejercicio anterior, según los datos hechos públicos por el Banco de España.
De esas viviendas, 38.961 eran primera residencia, por lo que sus dueños tuvieron que buscarse otro sitio donde vivir.
A su vez, de esas 38.961, un total de 21.054 pisos fueron a aparar a la banca por decisiones judiciales, y de estas últimas viviendas, 19.386 ya estaban vacías y las 1.668 restantes, ocupadas cuando se produjo el lanzamiento judicial.
Menos resistencia
Entre esas 1.668 ocupadas sólo fue necesario utilizar la fuerza en 147 casos para desalojar a sus inquilinos, menos de la mitad que en 2012, lo cual revela que disminuye la resistencia a los desahucios, según el Banco de España.
Las otras 17.907 primeras residencias embargadas llegaron a la bolsa de pisos de las entidades financieras por entregas voluntarias (un 9 por ciento menso que en 2012), de las que 13.178 fueron daciones en pago.