El concejal de Ganemos, Gabriel de la Mora, deberá acudir el 5 de abril a declarar ante el titular del juzgado de Instrucción número 1 de Salamanca a raíz de la querella interpuesta contra él por dos policías nacionales a título particular, en relación a un comentario en una red social en su perfil personal, tras una actuación policial el pasado mes de septiembre en la ciudad.
Tras aquella intervención, en la que los policías detuvieron a un menor reclamado por el centro de menores de Valladolid que se escapó y vino a refugiarse en casa de su familia, en el barrio del Carmen, de la Mora escribió que algunos agentes que intervinieron tenían antecedentes por «torturas» y que habían «pegado a una anciana y a su familia».
Eso ocurrió a finales de agosto de 2015 y en diciembre se presentó la querella contra De la Mora por injurias y calumnias.
Ganemos Salamanca expresó este miércoles su «máximo respeto por las decisiones del poder judicial, recordando que estamos ante la aplicación de la Ley Mordaza del Partido Popular que ha sido condenada por la ONU, la OSCE y multitud de organismos internacionales por propiciar la vulneración de la libertad de expresión en las redes sociales».
La versión de los afectados
Sobre los hechos en particular que se denunciaron por los vecinos y la polémica «artificialmente creada posteriormente tras el comentario en las redes«, el propio Gabriel de la Mora dijo que se limitó a trasladar la versión de los afectados, «ante las acusaciones denigrantes y xenófobas vertidas en los medios de comunicación contra la familia detenida y los vecinos del Barrio del Carmen, recordando que la actuación policial ya está siendo investigada en un procedimiento judicial abierto en los juzgados de Salamanca».
Ganemos Salamanca afirma que «cumple y cumplirá su código ético escrupulosamente, el cual expresa el compromiso a cesar de forma inmediata en todos sus cargos si, tras la correspondiente investigación judicial, finalmente se produce la apertura del juicio oral por delitos relacionados con corrupción, (prevaricación con ánimo de lucro, tráfico de influencias, enriquecimiento injusto con recursos públicos o privados, cohecho, apropiación de fondos públicos, bien sea en interés propio o para favorecer a terceras personas), pero no frente a otros casos en general«.
En todo caso, el código ético de la agrupación de electores establece que cualquier cargo político investigado judicialmente «deberá rendir cuentas públicas sobre los hechos que se le atribuyen, conforme los mecanismos establecidos y nuestros principios de máxima transparencia y rendición de cuentas».
