El ‘tasazo’ aplicado por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, en noviembre de 2012 ha afectado, fundamentalmente, a los salmantinos que pretendían iniciar un pleito civil o por la vía contencioso administrativa (contra la Adminsitración), según explica Fernando Dávila, decano del Colegio de Abogados de Salamanca.
Eso era previsible, porque fueron los ámbitos donde se aplicaron las mayores tasas para quienes pretendieran pleitear, mientras que en penal no se pagan tasas y en los termas laborales tampoco en la primera instancia. “Las tasas judiciales han afectado a todo negativamente, pero más que los profesionales, a los ciudadanos, porque se pueden ver privados de ir a los tribunales por cuestiones económicas”, comenta Dávila.
Eso lleva implícito un descenso del número de clientes de los letrados, que también se ven perjudicados por esa vía.
Segunda instancia
Con todo y con eso, lo que más irrita a los letrados salmantinos es que “se impida a la gente acceder a la justicia, sobre todo, en segunda instancia donde cuesta 800 euros para empezar a hablar y que no se pueden recuperar de ninguna manera aunque ganes”, indica.
La finalidad que perseguía el ‘tasazo’ de Gallardón era evitar pleitos, algo que Dávila considera “infundado. Sólo podemos pensar que se ha aplicado con fines recaudatorios y para que haya menos trabajo en los tribunales”.
Recuerda que cuando se presentan recursos temerarios el juez ya podía multar a sus promotores.
Contra la clase media
Este ‘tasazo’ “va contra la clase media, porque la justicia es gratis para el de abajo y a los ricos no les impide completar sus acciones legales”, comenta.
Dávila insiste en que lo que se ha conseguido es “limitar el acceso a la justicia a una parte de la sociedad por cuestiones económicas, y esperamos que el Tribunal Constitucional así lo ve”.
Está de acuerdo en que con estas trabas se puede aliviar la carga de los juzgados, “pero no puede ser a costa de impedir que la gente acuda a ellos. Con una sola persona que no pueda ir al juzgado por circunstancias económicas es un fracaso del sistema”, concluye.
Los efectos del ‘tasazo’ los ha notado el Ministerio, que en 2013 ha ingresado 10,3 millones de euros en Castilla y León por las tasas creadas un año antes, cuando en 2012 ingresó 0,9 millones en la región, según los datos del Consejo general del Poder Judicial.
[quote_box_center]LA JUSTICIA TIENE UN PRECIO
La frase ha pasado de ser el título de una película a ser una realidad. Las subidas más destacadas que introduce la nueva ley se producen en los casos de apelación del ámbito Civil y Contencioso-Administrativo, que se incrementan en 500 euros, y en la casación de esas mismas áreas, que pasan de 600 a 1.200 euros. En el periodo de apelación se deberá pagar 800 euros en ambos casos.
En los asuntos de tipo Social la primera instancia no tiene coste, pero contempla un pago de 500 euros en suplicación y de 750 en casación ante el Supremo. El Congreso modificó levemente el proyecto original al eximir a los trabajadores del pago del 60% de la tasa prevista en los recursos de suplicación y casación en lo Social. Además, se liberó del pago de la tasa a los procedimientos verbales o monitorios cuando la cuantía de la reclamación sea inferior a 2.000 euros.
Un procedimiento abreviado costará 200 euros y uno ordinario llegará a 350 euros en lo Contencioso. En el orden jurisdiccional Civil, la tasa es de 150 euros para un procedimiento verbal y cambiario, 300 euros para un proceso ordinario, 100 euros en un monitorio europeo y una demanda incidental en el proceso concursal, y 200 euros en un concurso necesario.
Las tasas alcanzan ahora no sólo a las personas jurídicas, sino también a las personas físicas. Están exentos del pago quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar y sean beneficiarios de la Justicia Gratuita, al igual que el Ministerio Fiscal, las Administraciones Públicas, las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las comunidades autónomas.[/quote_box_center]
