El PP quiere explicar a los alcaldes de la provincia las ventajas del nuevo modelo territorial que se está gestando en Castilla y León con la creación de las unidades básicas de ordenación y servicios.
Además de abrir un periodo de alegaciones durante un mes para que se presenten las propuestas y sugerencias al modelo propuesto, los procuradores salmantinos del partido se ofrecen a «llevar a los ayuntamientos las ventajas y a despejar las dudas» sobre la nueva ley del territorio.
Salvador Cruz explicó que esta reforma «solo pretende mejorar la cohesión territorial, dar más cercanía a los servicios y garantizar la igualdad de acceso a los servicios que tienen los ciudadanos del medio urbano».
Para eso se han delimitado (el proceso está muy avanzado) las llamadas unidades básicas de ordenación y servicios, que se han tratado de ajustar a las zonas básicas de salud, y que permitirán «ordenar los servicios que presta la Junta: educación, sanidad y servicios sociales, además de los que se prestan a ganaderos y agricultores. Se establecerán unidades básicas en las que la Junta garantiza esos servicios», complementando los que prestan las mancomunidades y potenciar otros que no cobren esas mancomunidades.
Fusiones voluntarias
Cruz explicó que la ley no contempla la supresión de municipios y solo las fusiones voluntarias entre ayuntamientos que así lo decidan de mutuo acuerdo.
Comprende las alegaciones y reparos expresados por algunas diputaciones provinciales, como la de Salamanca, pero dijo que no se trata de que la Junta suplan el papel de las diputaciones. «Si en algún territorio son necesarias es en Castilla y León y Galicia, por la dispersión geográfica y la tipología de sus municipios», dijo.