La secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés, ha realizado un viaje de trabajo a Salamanca en donde se ha reunido con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, y magistrados, letrados de la Administración de Justicia y representantes de la Fiscalía, con quienes ha tratado la implantación de la Justicia digital que permitirá la tramitación electrónica de los procedimientos judiciales a partir del 11 de mayo en la provincia de Salamanca.
Como las competencias de Justicia no están transferidas en Castilla y León, el coste de la implantación de este sistema en la provincia de Salamanca recae en su totalidad en el propio Ministerio de Justicia, que en 2015 invirtió 421.200 euros en infraestructuras tecnológicas y su desarrollo y en los servicios que éstas prestan. Durante 2016 se han suministrado un total de 43 equipos entre ordenadores, pantallas, grabadoras de DVD e impresoras láser. Además, se han impartido 289 horas formativas al personal, formación que se prolongará hasta principios del mes de mayo.
El pasado 1 de enero comenzó el funcionamiento del sistema LexNet por el cual son obligatorias las comunicaciones en formato electrónico entre los profesionales de la justicia.
Firma electrónica
Este jueves, Carmen Sánchez-Cortés se reunía con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, para “abordar el siguiente paso” que es la implantación de la justicia digital de manera que se puedan firmar las sentencias con firma electrónica, tal y como ya se hace en Cuenca.
Este sistema va a hacer posible una menor burocracia y un proceso más ágil en el que se va a acortar tiempo de proceso. Gracias a que los juzgados van a estar interconectados, también se van a reducir los desplazamientos físicos para la itinerancia de documentación. Esto en Salamanca afecta a 21 juzgados y a 263 usuarios, por lo que la secretaria lo califica como un cambio positivo.
Según dicta la Ley, el día 7 de julio de 2016 “todas las administraciones públicas competentes en materia de justicia tienen que tener implantados sistemas de gestión procesal electrónica”, como ha explicado la secretaria de Estado, por lo que el plazo para que esté instaurado en Castilla y León es este verano.
Este nuevo sistema no afectará a la plantilla, sino que va a sumar valor añadido al trabajo de los profesionales. Todavía hay muchas quejas del sector por las varias incidencias que ha presentado el programa y por el cambio que va a suponer. “La implantación de un proceso como este es compleja, no tanto por la tecnología sino porque hay que poner en coordinación muchos elementos a la vez”, ha declarado Sánchez-Cortés y ha explicado que habiéndose incorporado 147.000 profesionales al sistema es normal que hay cuestiones que vayan más lentas.
Texto y foto: Paula Castro Morán
