El Ministerio de Educación ha dado a conocer los proyectos para regular las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato para el curso 2016-17, aunque no tendrán efectos académicos hasta finalizar el curso 2017-18, que introducen una serie de novedades respecto a las propias previsiones de la Lomce.
En este contexto, el sindicato de profesores Anpe considera que “tal vez, sea más aconsejable esperar a la configuración de un nuevo gobierno para abordar el diseño final de las evaluaciones, desde un consenso de mínimos, de manera que evitemos los continuos vaivenes en nuestro sistema educativo”. Además, Anpe exige que estos proyectos normativos fueran tratados previamente en la Mesa Sectorial de Educación, “órgano legítimo de representación del profesorado para aportar sus propuestas”.
ANPE no se opone a la decisión de incorporar al sistema educativo evaluaciones externas, aunque opina “que han de ser estructuradas y coordinadas por el Ministerio para que resulten efectivas a la hora de diseñar políticas específicas y sirvan para la homologación de contenidos y vertebración del sistema educativo”.
Además, afirma que la valoración de las competencias, destrezas y habilidades del alumno y la evaluación de su aprendizaje “deben traducirse en refuerzos y apoyos positivos para el alumnado, que le ayuden a alcanzar sus objetivos y no se dirijan a establecer un sistema de clasificación de centros que nos llevaría a una carrera anual para supeditar el aprendizaje a los resultados de las pruebas a los rankings de los centros, perdiendo con ello el verdadero objetivo de diagnóstico y recuperación del alumno para alcanzar el éxito educativo”.
Ranking de centros
ANPE comparte la idea de que estas pruebas no sirvan para hacer clasificaciones de centro, aunque no está de acuerdo en otorgar a las comunidades autónomas competencias del Estado en la fijación de las preguntas y el calendario de las pruebas “que ahondan, aún más, en las diferencias ya existentes de los 17 sistemas educativos de nuestro territorio nacional”.
Para este sindicato, las evaluaciones externas en las etapas obligatorias sólo tendrán sentido “si responden a un instrumento para el diagnóstico del progreso en el aprendizaje, a la homologación de contenidos y a la aplicación de programas de recuperación, y vayan precedidas de refuerzo previo de la evaluación continua e interna”.
ANPE está preocupado porque el desarrollo de la prueba de 4º de la ESO tenga carácter meramente académico para aquellos alumnos que han tenido buenas calificaciones en su centro educativo. Frente a eso defiende que las evaluaciones dentro de la enseñanza obligatoria tengan carácter de diagnóstico e ir enfocadas a detectar las dificultades de aprendizaje y, en consecuencia, poner en marcha medidas de apoyo y refuerzo al alumnado.
Para ANPE, estas evaluaciones, como todo el desarrollo normativo de la Lomce, serían más efectivas si se hubiera alcanzado desde un consenso educativo previo, con la participación del profesorado, “que es quien está poniendo en marcha la ley y en definitiva, quien va a aplicar estas pruebas”.
