Querella por cohecho contra el exalcalde de Retortillo por la mina de uranio

La plataforma Stop Uranio que agrupa a vecinos y a grupos ecologistas ha presentado una querella criminal en los juzgados de primera instancia y de instrucción de Ciudad Rodrigo en la que acusan de cohecho al exalcalde del PP de Retortillo, Javier Santamartina, y a varios concejales de su equipo de gobierno, según informa la Cadena SER.

A todos ellos se les acusa de haber incrementado “su patrimonio personal“ de manera “delictiva” al haber facilitado, a cambio de dinero, gestiones administrativas de la empresa minera Berkeley que pretende abrir en la zona la que será la única mina de uranio a cielo abierto de Europa.

El proyecto minero ha estado rodeado de polémica desde el comienzo de su tramitación administrativa. No sólo por la fuerte contestación ecologista y vecinal (la mina supondría procesar toneladas de material radiactivo en mitad de un paraje protegido) sino también por el papel jugado por Manuel Lamela, exalto cargo del exministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete. Según reveló esta emisora, Lamela fue contratado por Berkeley para mediar a favor del proyecto ante el departamento de sus antiguo jefe Cañete, ahora comisario de Energía.

La querella de STOP Uranio, hace referencia a otro aspecto del proyecto también revelado por la Cadena SER. La empresa Berkeley adquirió en 2012 veinte hectáreas de suelo rústico en el paraje conocido como El Sierro Chico para instalar sus oficinas. Dichos terrenos pertenecían a la familia de quien en aquel momento era alcalde del municipio, Javier Santamartina. Se da la circunstancia de que ocho meses antes de la compra de la finca y en un clima de fuerte oposición vecinal Santamartina había concedido a Berkeley los permisos municipales necesarios para instalar su sede en Retortillo y había recalificado sus propios terrenos (originalmente rústicos) para permitir la instalación de las oficinas. De acuerdo con la certificación registral de la finca su precio de compra fue de 197.414 euros. El equivalente a 10.000 euros por hectárea. Un valor que, según las fuentes consultadas por la SER, duplica el precio de mercado en la zona.

Concejales a sueldo

La querella se dirige también contra tres concejales del equipo de Santamartina (dos de ellos todavía en activo) también del Partido Popular. Según la denuncia, en el caso de los concejales, los tres han compatibilizado su cargo y por lo tanto la concesión de permisos administrativos con retribuciones de la empresa minera en concepto de “contratación de servicios”.

Berkeley, por su parte, señaló que las fincas a adquirir «están en función de la ubicación del yacimiento y de la ubicación prevista y aprobada de las instalaciones, con independencia de quien sea el dueño de las fincas y de su afiliación política» y que «una empresa de valoración independiente» fue la encargada de tasar las fincas «conforme a los criterios de valoración establecidos por la ley, y teniendo en cuenta los justiprecios del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa. Y según estos criterios Berkeley continúa comprando fincas en la zona».

Las ofertas

Asegura la empresa que realizó ofertas a tres propietarios de terrenos, pero que solo prosperó la del alcalde porque uno pidió más de lo que ofrecía Berkeley y el otro no pudo acreditar la propiedad del terreno.

Reitera que la licencia urbanística para la construcción de las oficinas de Berkeley «fue aprobada por unanimidad por el pleno del Ayuntamiento de Retortillo: votaron a favor todos los concejales (PP y PSOE) previos los informes vinculantes de la Comisión Territorial de Urbanismo de Salamanca de la Junta de Castilla y León y el Servicio de Asistencia Técnica de la Diputación de Salamanca».

Y, por último, para justificar la vinculación laboral de los otros dos ediles del PP con la minera, Berkeley indica que cuando hace la selección y contratación de personal «no discrimina ni por el color político, ni por las creencias o afiliaciones sindicales de sus empleados y conforme al acuerdo de colaboración firmado con el Ayuntamiento de Retortillo hace 6 años otorga preferencia en la contratación de personal a los vecinos de los pueblos de Retortillo y Villavieja de Yeltes, primando a las personas afectadas por la compraventa de terrenos».