El diputado de Ganemos, Gabriel de la Mora, el alcalde de Villavieja de Yeltes, Jorge Rodríguez, el concejal de Equo de Villavieja de Yeltes, José Ramón Barrueco, y uno de los propietarios afectados por el proyecto de la mina de uranio, Ignacio Sánchez, han comparecido conjuntamente este martes para pedirle a Diputación que se sume a un frente compuesto por 50 alcaldes de municipios afectados para luchar contra el proyecto de Berkeley y que se niegue a expropiar las tierras por las que pasa una carretera que la empresa desviar para la construcción de una escombrera.
Según ha informado Gabriel de la Mora, Berkeley tiene planteado desviar una carretera de propiedad de la Diputación de Salamanca para hacer una escombrera de residuos, para lo cual pidieron a la Junta de Castilla y León la expropiación de las tierras colindantes.
La respuesta de la Junta, según explicaron, fue traspasar a la Diputación la competencia de expropiar o no esas propiedades, algo que niega la Diputación. Sin embargo Ganemos insistió y documentó que la Junta sí ha solicitado que la Diputación interviniera, en concreto ratificando el informe favorable emitido en 2013 sobre el proyecto técnico de la variante de la carretera y “solicitando se valore la posibilidad de que esa entidad local pudiera ejercer de administración expropiante y se nos indique la idoneidad, frente a otras, de la alternativa propuesta”.
Ignacio Sánchez, uno de los propietarios, habla en nombre de los dueños de las fincas afectadas y se muestra en contra de la expropiación, afirmando que llevarán a cabo las medidas necesarias. Ganemos, que apoya esta postura, pide a la Diputación que se niegue a expropiar las fincas, ya que la operación carece de utilidad pública.
El alcalde de Villavieja de Yeltes, Jorge Rodríguez, ha promovido el acuerdo de 50 alcaldes de los municipios afectados por los vertidos que contaminarían la cuenca del Yeltes y el Huebra. La respuesta inicial de los alcaldes ha sido positiva y han mandado una moción para organizar un frente común organizado en mancomunidades. Piden a la Diputación que se sume a este frente para apoyar la lucha en contra del proyecto de la mina de uranio.
Recurrir la licencia
Por otro lado, Jorge Rodríguez no dudará en acudir a la vía judicial para recurrir la sentencia de la Comisión Territorial de Medio Ambiente con el fin de denegar la licencia urbanística para autorizar el uso excepcional del suelo a Berkeley, así como para evitar los vertidos que afectarían a una zona de la que se recoge agua de consumo humano.
A estas acciones se le suma la actuación de la plataforma Stop Uranio, quienes presentaron una querella contra el alcalde de Retortillo y un recurso en la Audiencia Nacional contra la autorización del proyecto por parte del Ministerio de Industria.
La Diputación reaccionó poco después diciendo que «no va a actuar en la expropiación de ningún bien relacionado con la construcción de la variante de la carretera de Retortillo».
Asegura que «en el caso de que se ejecute la variante de la carretera, esta se realizaría por la empresa Berkeley«. Agrega que «la Junta de Castilla y León en ningún momento ha requerido a la Diputación de Salamanca que proceda a la expropiación de ningún bien o derecho que tenga relación con la construcción de la variante, la cual se ejecutaría por la empresa».
Esto signifca, en román paladino, que la Junta expropiará esos terrenos cuando proceda, preferiblemente fuera de periodo electoral, Berkeley hará las obras de la nueva carretera y se la cederá a la Diputación a cambio de los terrenos ocupados por la antigua vía.
La propia empresa Berkeley apuntó que «no está interesada en expropiar ningún terreno, sino en llegar a acuerdos amistosos con todos los propietarios como ya se ha hecho con varios de ellos, y sólo en los casos en los que esto no sea posible, se recurrirá a esta vía, cuyo órgano sustantivo es la Junta de Castilla y León, no estando por tanto la Diputación de Salamanca inmersa en este procedimiento».
Texto y foto: Paula Castro Morán
1 comentario en «La Diputación ampara la mina de uranio»
Berkeley tiene la oposición del 90 % de los propietarios del terreno a ocupar por la nueva carretera y no existe forma de poder comprar esas parcelas a no ser que sean expropiadas por la Junta de Castilla y León.
La Junta debería moderarse y no comenzar ese proceso de expropiación ya que existen muchas posibilidades de que la mina no consiga los permisos de explotación.
Berkeley especula con los permisos, para vender y largarse con el dinero.
Ya existen tres frentes abiertos contra este proyecto en el Tribunal Supremo y otros juzgados, por tanto paciencia, moderación y marcha atrás. Esta Mina es perjudicial para la inmensa mayoría .