La empresa Berkeley, que intenta abrir una mina de uranio a cielo abierto y un almacén de residuos en Villavieja de Yeltes-Retortillo, ha demandado a dos miembros de Stop Uranio, la plataforma ciudadana que encabeza la oposición a este proyecto.
Marta Santos, coportavoz de Equo en Castilla y León, asegura que esta demanda judicial «es una represalia» de Berkeley contra José Ramón Barrueco, que también es concejal de Equo en Villares de Yeltes, y contra Jesús Cruz, uno de los impulsores de la plataforma y que tiene un blog actualizado sobre la lucha contra la mina de uranio.
Ambos han sido citados a declarar ante el juez de Ciudad Rodrigo el 22 de junio, y Equo reclama que haya una concentración de apoyo a los demandados.
Consideran que es una represalia porque el juez ha admitido a trámite la denuncia de Stop Uranio contra el exalcalde de Retortillo, Javier Santamartina, y varios concejales de su equipo de gobierno.
Aumento de patrimonio
A todos ellos se les acusa de haber incrementado “su patrimonio personal“ de manera “delictiva” al haber facilitado, a cambio de dinero, gestiones administrativas de la empresa minera Berkeley que pretende abrir en la zona la que será la única mina de uranio a cielo abierto de Europa.
El proyecto minero ha estado rodeado de polémica desde el comienzo de su tramitación administrativa. No sólo por la fuerte contestación ecologista y vecinal (la mina supondría procesar toneladas de material radiactivo en mitad de un paraje protegido) sino también por el papel jugado por Manuel Lamela, exalto cargo del exministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete. Según reveló esta emisora, Lamela fue contratado por Berkeley para mediar a favor del proyecto ante el departamento de sus antiguo jefe Cañete, ahora comisario de Energía.
La querella de Stop Uranio, hace referencia a otro aspecto del proyecto también revelado por la Cadena SER. La empresa Berkeley adquirió en 2012 veinte hectáreas de suelo rústico en el paraje conocido como El Sierro Chico para instalar sus oficinas. Dichos terrenos pertenecían a la familia de quien en aquel momento era alcalde del municipio, Javier Santamartina. Se da la circunstancia de que ocho meses antes de la compra de la finca y en un clima de fuerte oposición vecinal Santamartina había concedido a Berkeley los permisos municipales necesarios para instalar su sede en Retortillo y había recalificado sus propios terrenos (originalmente rústicos) para permitir la instalación de las oficinas. De acuerdo con la certificación registral de la finca su precio de compra fue de 197.414 euros. El equivalente a 10.000 euros por hectárea. Un valor que, según las fuentes consultadas por la SER, duplica el precio de mercado en la zona.
Concejales a sueldo
La querella se dirige también contra tres concejales del equipo de Santamartina (dos de ellos todavía en activo) también del Partido Popular. Según la denuncia, en el caso de los concejales, los tres han compatibilizado su cargo y por lo tanto la concesión de permisos administrativos con retribuciones de la empresa minera en concepto de “contratación de servicios”.
