María García, trabajadora del Servicio de Salud, miembro de la Plataforma por la Defensa de la Sanidad Pública y una socialista histórica, le ha chocado que en la campaña electoral no se «ha hablado lo suficiente de la Sanidad y tiene mucha trascendencia».
María García siente que no se ha tocado lo suficiente en la campaña electoral el tema de la Sanidad. «Todos los partidos teníamos que estar en píe de guerra, porque es indecente el atentado que se está haciendo a la Sanidad en esta provincia. Se está beneficiando a otras provincia en detrimento de Salamanca, pero lo más grave es que están perjudicando a los ciudadanos. Las listas de espera es una de las cuestiones más graves que tenemos, desafortunadamente no sólo nos afecta a nosotros, es de toda España».
García explica que las listas de espera son una cuestión que deben llevar directamente el Ministerio de Sanidad. «Es tan grave lo de las listas de espera en Salamanca que se requiere una intervención estatal. Una Ley que ponga los máximos y los mínimos en las listas de espera. Es indecente que los diferentes gerentes que han pasado por Salamanca hayan estado engañando, diciendo que había unas listas de espera de unos cien días, cuando todos sabemos que hay pacientes que han estado esperando más de dos años para ser operados, para acudir a una consulta o para hacerse una prueba diagnóstica».
Para García es indecente que se cierren camas sin ningún rigor sanitario, «cuando no hay una justificación sanitaria y que los pacientes están entre 8 y 10 horas en los pasillos de urgencias esperando una cama y que cuando se les da, son camas que se ha doblado o triplicado».
No sólo tiene reproches, «porque hay soluciones», asegura. Desde el PSOE ofrecen propuestas de cómo se deben hacer para paliar las listas de espera. «Entendemos que debe de existir una normativa estatal y autonómica que reconozca el derecho de los pacientes a tener información de las listas de espera en la que se encuentran incluidos; un plan de choque para frenar las listas de espera con tiempos máximos de respuesta: 90 días para intervenciones quirúrgicas con carácter general; 20 días en cirugía oncológica o cardiaca no valvular; 30 días en consulta de atención especializada y 20 días en pruebas diagnósticas. Las unidades de diagnóstico rápido deben dar una respuesta con carácter general de 72 horas y a estas unidades se derivaran los casos, que a criterio médico, tengan riesgo en caso de demora».
Lógicamente este plan requiere financiación y desde el Partido Socialista estiman que con 100 millones de euros anuales sería suficiente. «Se deben utilizar el 100% de los recursos públicos por que son más justos y eficientes que las iniciativas privadas que nos están costando más dinero», concluye.
