Este martes, 28 de junio, están citados a declarar en el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Ciudad Rodrigo los regidores municipales del Partido Popular en el ayuntamiento de Retortillo (Salamanca) durante la pasada legislatura (2011/2015).
Se les investiga por presuntas irregularidades en su gestión al haberse podido lucrar personalmente o sus familias en relación al establecimiento de una mina de uranio en ese municipio. Las investigaciones que se vienen realizando en dicho juzgado son como consecuencia de la querella presentada por la plataforma ciudadana Stop Uranio que fue admitida a trámite y que fue la causa por la que Berkeley se querelló, a su vez, contra dos activistas de la plataforma pidiéndoles medio millón para no seguir con un procedimiento por injurias y calumnias como represalia por su denuncia a los cargos locales del PP a los que agasajó la minera.
El motivo de la querella en el caso del antiguo alcalde (Francisco Javier Santamartina) es el supuesto beneficio por la venta de unos terrenos, por un valor superior al precio del mercado, a la empresa Berkeley Minera de España S.L. para posibilitar la construcción de las instalaciones mineras. Para ello se tuvo que autorizar el uso excepcional de suelo rústico y conceder la licencia urbanística por parte del Ayuntamiento que regía.
En el caso de Andrés Matías, Eustaquio Martín y Feliciano Sánchez (los dos primeros concejales actuales por el PP en el ayuntamiento de Retortillo) tienen que declarar en el Juzgado porque hay indicios de cohecho al haberse podido beneficiar personalmente o personas de su entorno familiar, de la realización de trabajos directos o por empresas interpuestas, a la vez que tenían que tomar decisiones en relación a la apertura de la mina de uranio a cielo abierto en esa localidad.
Convenio de colaboración
Con anterioridad, octubre de 2011, a estos hechos el Ayuntamiento de Retortillo firmó un convenio de colaboración con la empresa minera por el que textualmente el ayuntamiento “se compromete a emitir informes favorables por parte de los servicios jurídicos y técnicos municipales y la tramitación de los expedientes relativos a recalificaciones o autorizaciones urbanísticas con carácter general,…” Tras la firma del convenio el Ayuntamiento de Retortillo ha recibido aportaciones que Stop Uranio cree que han superado los 200.000 euros. «Resulta sorprendente, de dudosa legalidad y nula moralidad, que se pague un canon con antelación a la apertura de un negocio con el compromiso de facilitarlo», indica la plataforma.
La connivencia entre la empresa Berkeley y los investigados ha llegado a tal punto que la primera ha intentado un acto de conciliación con dos activistas de la Plataforma Stop Uranio para que se retractasen en sus opiniones contrarias a la mina. Les pide 500.000 euros para no interponer una querella por injurias y calumnias, a pesar de que Stop Uranio no se ha querellado contra Berkeley, sino contra los antiguos regidores municipales.
Berkeley afirma que está creando riqueza en la comarca, que ha invertido más de 60 millones de euros en este proyecto, «pero quienes se han lucrado con la mina son los políticos locales que supuestamente han beneficiado a Berkeley con sus decisiones. También Berkeley se ufana en manifestar que 20.000 personas han acudido a la llamada de futuros puestos de trabajo, pero la realidad es que los pocos que han encontrado trabajo en la mina han sido los concejales o sus familiares», concluye.
