Decenas de personas se concentraron este miércoles frente a los Juzgados donde se celebraba la vista previa sobre el cierre cautelar del Centro Social Autogestionado Villafría solicitado por el Ayuntamiento. Los miembros de la asamblea que coordina la actividad del centro proclamaron que no están realizando actividades ilegales y que sus actos son “totalmente inocuos”.
El Ayuntamiento quiere proceder al cierre del Centro Social Autogestionado Villafría, un pequeño local situado en una calle secundaria cercana a Gran Capitán donde diversos colectivos mantenían reuniones y actividades como clases de baile, charlas o talleres. Según una ordenanza municipal, este centro sería ilegal al carecer de una licencia para realizar actividades inocuas. Los miembros de la asamblea, quienes gestionan el centro, interpusieron una denuncia debido a que ellos reclaman que su actividad es legal y que “no hace daño a nadie”.
Ante la puerta de los Juzgados se ha reunido el colectivo que se opone al cierre del centro, explicando que “el viernes se llevó al Tribunal de lo Contencioso y hoy hay una vista judicial para saber si se va a proceder al precinto del local o no. […] Han entrado personas de la asamblea a declarar como testigos para demostrar que las actividades que se realizan en el CSA Villafría son inocuas, que no hacen daño a nadie y son para el barrio”.
Alquiler y facturas
El colectivo sostiene que “creemos que no es necesario”, refiriéndose a tramitar la licencia, ya que “es un local de carácter público, no es comercial, no nos lucramos con ello” y su abogado afirma que la actividad es legal ya que pagan el alquiler y las facturas.
Los coordinadores ahora mismo se acogen a una cláusula que les permite hacer uso de la instalación, pero deben decidir cómo van a proceder en caso de que se dictamine el precintado del local. “Esperamos que no lo precinten. Si sale favorable al precinto vamos a proceder igual que la semana pasada, hacer permanencias de 24 horas con actividades para el barrio”, han manifestado. En cualquier caso, la sentencia saldrá publicada en unos días.
Los jóvenes son «moderadamente optimistas» y confían en que no se cierre cautelarmente el local, ya que el fiscal tampoco ha pedido la clausura del centro mientras sale el juicio.
Los activistas dicen que el abogado del Ayuntamiento ha presentado como pruebas «un informe elaborado por el Grupo Siete de la Policía Local, con el seguimiento de nuestras actividades, en el que incluyen carteles que nosotros hemos subido a Facebook que son de otros colectivos, aunque nosotros los apoyáramos«.
Por otro lado, el colectivo teoriza acerca de otras causas de carácter ideológico que podrían llevar al gobierno municipal a querer cerrar el centro. “Se debe a una táctica del Ayuntamiento por cerrar los espacios autogestionados, alternativos, porque no somos las únicas personas a las que les está ocurriendo esto, hay más colectivos en la ciudad que se encuentran en la misma tesitura. Pensamos que también es una técnica de represión, de que si no existen estos espacios toda esta actividad no la vamos a poder hacer”, han declarado.
Texto y foto: Paula Castro Morán
