El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Salamanca ha pedido este martes, en la sesión de la Comisión de Contratación celebrada en el Consistorio salmantino, la puesta en marcha de los mecanismos para que técnicos municipales y miembros de todas las fuerzas políticas con representación empiecen a realizar el seguimiento de los servicios y obras públicas con el objetivo de comprobar el cumplimiento de las condiciones contratadas tanto en la prestación de dichos servicios como en la realización de obras por parte de las empresas adjudicatarias.
Los concejales socialistas recuerdan que esta fue una iniciativa del PSOE que recibió el respaldo y la aprobación de todas las fuerzas políticas al comienzo de la legislatura, incluido el equipo de gobierno, y que, un año después, y tras el compromiso del alcalde, sigue sin ponerse en marcha y sin fecha para su cumplimiento.
Esta propuesta, en beneficio de la transparencia, la buena gestión, y la mejora de los servicios públicos municipales permitiría comprobar si se están cumpliendo por parte de las empresas adjudicatarias las condiciones que figuran en el pliego de adjudicación a la hora de prestar el servicio o realizar una obra.
Un seguimiento y control que incluye tanto las condiciones en materia de la propia prestación como en materia laboral en cuanto a los derechos y las obligaciones de los trabajadores y la cuantía y configuración de las plantillas adscritas a dichos servicios. «Todo ello en beneficio de los intereses de los ciudadanos, que son los que al fin y al cabo pagan dichos servicios con sus impuestos, y propiciando que su prestación tenga la calidad debida o se puedan aportar las mejoras que sean necesarias para ello», indica el PSOE.
Los socialistas insisten en que resulta «conveniente, necesario e imprescindible, que el Consistorio realice un control, un seguimiento y extreme la vigilancia para que los servicios públicos municipales adjudicados a una empresa se realicen en las condiciones o con las garantías de calidad que impone el pliego de adjudicación, y de esta forma evitar que las empresas concesionarias no cumplan con lo contratado y que el Ayuntamiento, en definitiva los ciudadanos, tengan que pagar por un servicio o por una obra que no reúne las condiciones contratadas».
