Reclaman reducir la interinidad a la mitad en cuatro años

Los empleados públicos se concentran.

Las administraciones españolas cuentan con cerca de 300.000 interinos. En Castilla y León, la interinidad en Educación es del 21%, en Sanidad de cerca del 20% y en la administración general de la Junta de más del 30%, con picos en áreas como la de Servicios Sociales que puede alcanzar el 70%.

 

CSIF exige reducir la interinidad a la mitad en un plazo de cuatro años, y asegura que defenderá la equiparación de las indemnizaciones de los interinos-temporales de la administración pública con los trabajadores de la empresa privada.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) reclama a las administraciones central, autonómicas y locales una oferta de empleo público acorde a las necesidades de los servicios públicos, que evite el abuso de la contratación del personal interino, como ha evidenciado la reciente sentencia de la Unión Europea sobre la indemnización por despido a una trabajadora del Ministerio de Defensa que llevaba 9 años trabajando con contratos temporales.

La sentencia

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que exige una equiparación de la indemnización por despido en los trabajadores interinos-temporales y en los fijos pone de manifesto «la discriminación en el ámbito de las indemnizaciones por cese de contrato», afirma CSIF, “y en el caso de las administraciones reflejan el abuso en la contratación de personal interino en plazas que deberían contar con un puesto fijo, para ofrecer la calidad de los servicios que requieren los ciudadanos”.

CSIF considera que la administración pública debe, por un lado, equiparar las indemnizaciones de su personal interino-temporal (12 días por año trabajado) con los trabajadores de la empresa privada. CSIF reivindicará que esta cuestión se incluya como normativa básica dentro de la administración pública.

Y en segundo lugar, CSIF reclamará un estudio en profundidad de los recursos humanos con el fin de implantar una oferta pública que, en un plazo de cuatro años, permita reducir a la mitad la contratación de personal interino.

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