Con las Unidades de Gestión Clínica, Sanidad de Castilla y León ha conseguido el más difícil todavía, que es poner de acuerdo y en contra de las unidades a toda la bancada sindical y a la inmensa mayoría de los profesionales de la sanidad, que ven cómo se ponen en riesgo sus condiciones laborales. Sin olvidar el rechazo de los partidos políticos, con excepción de su propio grupo, en las Cortes de Castilla y León.
Para CCOO, las Unidades de Gestión Clínica, además se pone en riesgo la atención a la población, ya que una gestión basada en el ahorro lo que busca son resultados económicos, que no son compatibles con los resultados en salud, puesto que conseguir ese ahorro sólo puede pasar por recortar aún más la oferta sanitaria que se hace a los usuarios: recortar pruebas complementarias, como análisis o radiografías, recortar en derivaciones a especialistas, recortar en tratamientos, seleccionar a qué usuarios se trata en estas unidades evitando a aquellos pacientes crónicos pluripatológicos …
La excusa oficial es que sean los propios profesionales los que gestionen a partir de ahora sus propios actos. Pero los usuarios ya han visto a lo largo de estos años cómo esos profesionales a los que ahora parece decírseles que no han sabido trabajar les han atendido a la perfección durante todo este tiempo. Y estas unidades basadas en la gestión económica y el ahorro lo que les dice a esos profesionales es que a partir de ahora la decisión de recortar es de éllos, y que sólo recortando pueden tener acceso a algún tipo de incentivos.
Sorprende además que a nivel nacional el Ministerio de Sanidad tenga empantanado este asunto desde hace años porque no supone ninguna prioridad y en cambio para esta consejería de Sanidad sí lo sea, «lo que parece indicar que no es más que un proyecto personal del consejero Sáez Aguado, que se desprendió de quienes no mostraban entusiasmo por el mismo para rodearse de adeptos a la idea», puntualizan desde Comisiones Obreras.
En este campo, una vez más la actuación del consejero ahonda en el oscurantismo propio de su gestión al frente de la consejería de Sanidad. La decisión de qué servicios o centros de salud se constituirían en Unidades de Gestión Clínica debía estar basada en una memoria de trabajo para los siguientes 4 años que no está elaborada. La mayor parte de los trabajadores de esos servicios o centros de salud, que deberían haber sido quienes solicitaran transformarse en una de estas unidades se han enterado hace un mes por el proyecto de orden finalmente publicado ayer.
Ese oscurantismo se ha hecho extensivo a la ciudadanía de Castilla y León, ya que no se ha convocado ningún Consejo de Salud de Área en que se diera esa información. Ni se ha convocado el Consejo Castellano y Leonés de Salud para dar cuenta de la puesta en marcha de estas unidades.
La ciudadanía debería hacer frente a esta agresión por medio de sus asociaciones de usuarios, reclamando la convocatoria de los órganos de participación comunitaria y exigiendo la retirada de una orden que pone en riesgo su acceso en condiciones de igualdad a la asistencia sanitaria.
