La Junta de Personal del Área de Salud de Salamanca, donde figuran todos los sindicatos, se opone a la implantación de las Unidades de Gestión Clínica planteada en Salamanca y en el resto de la comunidad, señalando que los trabajadores quedan indefensos para poder reclamar sus derechos.
«El Sacyl dice que el proceso de la creación de las Unidades de Gestión Clínica ha sido muy participativo, pero eso sería si en los objetivos y en el proyecto hubieran participado todos los que quieren que se adhieran y ahí, que sepamos, al personal sanitario no lo han dejado participar, por lo que de participativo nada», explica Esther Aparicio, presidenta de la Junta de Personal del Área de Salud de Salamanca.
También se oponen a la incertidumbre que provoca en los trabajadores de la sanidad pública una legislación que atenta y pone en duda sus derechos laborales.
De momento, Sacyl ha aprobado en Salamanca la Unidad de Cardiología y de Cirugía Torácica, desde la Junta de Personal señalan que han hablado con los trabajadores sanitarios y «están preocupados, porque les falta información, con lo que nos han comentado hay muchos que no quieren adherirse«, puntualiza Aparicio.
Si no se adhieren. ¿Qué les va a suceder a esos trabajadores?
Lo que tenemos claro y hemos indicado, es que no firmen, puede que se implante igualmente la unidad, pero si no cumple los objetivos el primer año que se evalúe, no seguirá adelante, que es lo que queremos.
Si en el minuto uno los profesionales no se adhieren, ¿cómo va a empezar a ponerse en marcha?
Eso hay que preguntárselo a la Gerente y a los que han estado haciendo reuniones con el personal. Precisamente, esa era una de las preguntas a las que tenían que haber dado contestación, con lo cual no sabemos. Entendemos que si no se adhiere el personal, no cumplen objetivos y si no lo hacen, no seguirán adelante la Unidad de Gestión Clínica.
Uno de los objetivos que quiere conseguir la Junta de Personal es precisamente ese, que no se adhieran porque va a mermar los derechos de los trabajares y va a disminuir la calidad de la asistencia sanitaria. «Nos oponemos a una rebaja en el estándar de calidad de la asistencia sanitaria pública en aras de un enriquecimiento de los gestores, así como a la privatización de la gestión de los servicios públicos de salud», matiza Esther Aparicio.
