[dropcap]E[/dropcap]l 7 de julio el Consejo de Estado, en Comisión Permanente, despachó el proyecto de Real Decreto por el que se establecen las características y los principios generales de las Unidades de Gestión Clínica y se fijan las bases para su implantación. Desde hace tiempo se viene debatiendo por parte de los responsables sanitarios las “bondades” de las Unidades de Gestión Clínica en los Centros de Salud y Hospitales de nuestro Sistema Sanitario Público, de hecho, ya se han implantado en algunas comunidades autónomas de diferentes signos políticos y, aunque difieren en la configuración de la estructura, en la mayoría de ellas se han desvirtuado sus principios utilizando este modelo de gestión para fragmentar y privatizar el Sistema Sanitario.
Pero ¿qué son las Unidades de Gestión Clínica (UGC)?
Son varias las definiciones que se han hecho sobre este término, y aunque con diferentes matices y tratamientos, al final todas vienen a coincidir, al menos en parte, como “un proceso organizativo que trata de incorporar o implicar a los profesionales sanitarios en la gestión sanitaria, poniendo en marcha reformas que mejoren la coordinación de los recursos y niveles asistenciales”.
En una primera fase se trataría de convencer a los profesionales sanitarios prometiéndoles incentivos económicos, con el único objetivo de reducir gastos y en una segunda fase se dotaría a las unidades de personalidad jurídica propia, es decir, pequeñas empresas que se enfrentarían y competirían entre sí con la entrada y ayuda de empresas privadas. Se plantean como una forma de gestión más eficaz, además de servir para unificar criterios que favorezcan la prestación de servicios para poder dar mayor calidad asistencial. Pero una cosa es la teoría y otra muy diferente la práctica, de lo que se trata en realidad es de primar el ahorro en detrimento de la calidad.
Desgraciadamente nuestra comunidad va en la misma línea. La Junta de Castila y León publicó un Decreto en el 2014 por el que se regulaba la constitución y funcionamiento de las unidades y áreas de gestión clínica que fue rechazado por todos los sindicatos con representación en el sector sanitario.
De las dos unidades piloto que se abrieron en nuestra comunidad, el servicio de Salud Mental de Zamora y el de Cardiología del Hospital Clínico de Valladolid, ya se ha reconocido el fracaso de su gestión. Para lo único que han servido ha sido para recortar los derechos de los trabajadores y usuarios, como así lo demuestra la reducción de recursos económicos y humanos que se ha producido en estos servicios.
El presidente Herrera ya avanzó hace unos meses en el debate sobre política general que se pondrían en marcha un total de 15 unidades, aunque el IV Plan de Salud elevó esta cifra a 20. Siguiendo en esta línea, el consejero de Sanidad, Sáez Aguado, presentó en Salamanca las primeras UGC de los servicios de Cardiología y Cirugía Torácica del Complejo Asistencial salmantino.
Las presentó en verano, cuando la mitad del personal sanitario y de ciudadanos estaban en periodo vacacional, para implantar con “nocturnidad y alevosía” las UGC y así impedir cualquier tipo de negociación. La Orden 822/2016 de septiembre crea las Unidades de Gestión Clínica y determina la composición de los Comités Clínicos de las Unidades de Gestión Clínica del Servicio Público de Salud de Castilla y León.
Aunque el consejero presenta las Unidades de Gestión Clínica como inofensivas, el Decreto y la Orden dice todo lo contrario, hay demasiadas trampas y dudas jurídicas que puede conllevar a la ruptura de las relaciones labores de los profesionales del sistema sanitario y a una importante desprotección de los ciudadanos, especialmente para los enfermos aquejados de patologías no rentables para estas unidades.
En realidad no se trata de un buen sistema, puesto que hay otras alternativas a este modelo “mal intencionado” que lo único que pretender es abrir las puertas a la empresa privada introduciendo criterios de mercado y competencia. En definitiva, las Unidades de Gestión Clínica no parece que vayan a ser la panacea de una gestión eficiente como se ha ido demostrando en las comunidades autónomas donde ya han sido implantadas.
Se presenta un escenario complicado para trabajadores y usuarios. Por lo tanto, sería importante que los trabajadores se informaran bien antes de firmar la entrada a estas unidades, porque si bien es cierto, que su entrada es voluntaria su salida, no lo es, y como ciudadanos corremos un gran riesgo, perdemos seguridad y libertad. Sería importante unir fuerzas, tanto de profesionales sanitarios como de ciudadanos para rechazar este nuevo intento de privatizar la sanidad pública
María García Gómez. Trabajadora de la Sanidad Pública
