El Juzgado de Instrucción nº 3 de Salamanca ha citado a prestar declaración en calidad de imputado al director del Centro Documental de la Memoria Histórica, Manuel Melgar Camarzana por impedir a una persona el ejercicio de otros derechos civiles reconocidos por la Constitución y las Leyes, en este caso al investigador Policarpo Sánchez. La declaración tendrá lugar en el Juzgado de Salamanca el 23 de junio a las 9 y media de la mañana.
Sánchez, que es el denunciante, asegura que «desde hace años se me han puesto objeciones e impedimentos a mi labor investigadora, que siempre he achacado a presiones políticas por las iniciativas que he llevado a cabo en cumplimiento de 1a Ley 21/2005. Sin embargo, esta situación se ha hecho más grave desde la interposición del recurso contencioso administrativo antes indicado y por la inminente salida de nuevos documentos a Cataluña».
El 19 de mayo, denunció al director del Archivo ante el Juzgado de Guardia de Salamanca. «No me dejó otra salida. Me llevó a la más absoluta indefensión conculcado mis derechos. Mantiene bloqueadas desde hace, al menos, tres meses, más de 500 cajas para entregar a Cataluña, impidiendo su consulta. Conozco detalles sobre lo que está ocurriendo con esas más de 500 cajas y sobre las copias que ofrece en los últimos días que no puedo hacer público de momento por respeto a los Tribunales y a la labor de investigación judicial que se va a desarrollar», dijo este viernes el investigador.
Se persona ERC
Pliocarpo Sánchez tiene abierto un pletio contra la Generalitat de Cataluña por negarse a cumplir la Ley y a acatar la Sentencia del Tribunal Constitucional relativas al Archivo de Salamanca. El consejero de Cultura de la Generalidad de Cataluña, Ferran Mascarell, se negó a devolver los documentos que vulneran la Ley, así como los que no ha restituido a sus legítimos propietarios, y, en consecuencia, «no tuve más salida que acudir a la Justicia», señala.
Casi de inmediato, el TSJC admitió a trámite la demanda y decretó la entrega por parte de la Generalidad del expediente administrativo objeto del recurso contencioso-administrativo.
A mediados de mayo, el Tribunal Superior de Justicia, relata, «nos entregó copia del expediente y demás escritos presentados ante ese Tribunal. En ese momento supimos que, además de a la Generalidad, nos tendríamos que enfrentar a ERC», que se ha personado como parte codemandada.
Documentos de otras partes
Según Sánchez, la Generalitat «pretende que el acto administrativo ilegal sea firme y que la Generalidad no devuelva los documentos del PSOE de Asturias, los documentos de las familias madrileñas, aragonesas o valencianas que mantiene ilegalmente en su poder».
