El Ayuntamiento de Retortillo, regido por el PSOE (tres ediles) y dos concejales del PP, ha declarado este martes personas non gratas a Jesús Cruz y José Ramón barrueco, dos activistas de Stop Uranio, y a la propia plataforma, por su oposición a la mina de uranio y el almacén de residuos radiactivos que la empresa Berkeley quiere abrir en el municipio.
El consistorio indica que los dos activistas y la plataforma «sin ser residentes ni vecinos del municipio, ni representantes elegidos del mismo, están causando grave daño a este municipio y a sus vecinos, divulgando de manera permanente argumentos que sin prueba alguna ponen en tela de juicio tanto las decisiones tomadas por las distintas administraciones españolas como la integridad de este Ayuntamiento».
El Ayuntamiento dice que no le cabe «ni la menor duda de la profesionalidad y actuación de acuerdo a la normativa vigente de las distintas administraciones a la hora de adjudicar los permisos y licencias de las que son competentes, todas ellas previos informes favorables del Consejo de Seguridad Nuclear, sin que este Ayuntamiento haya hecho ninguna intervención ni a favor ni en contra de este proyecto. Por lo tanto, el Ayuntamiento no tiene por qué poner en duda la legalidad del proyecto, ni que el mismo cumple con todas las medidas de seguridad que garanticen la seguridad de las personas y el medioambiente».
Cesen las críticas
Por eso «solicita a estas personas que cesen en la divulgación de argumentos que no han sido capaces de probar y que tanta confusión y daño están causando a este municipio. Nos reservamos el derecho de tomar cuantas medidas sean necesarias contra las mencionadas personas por el buen nombre del municipio y nuestro ayuntamiento».
El Ayuntamiento dice que «trabajará siempre por la convivencia pacífica de sus vecinos», a quienes pide que defiendan sus posturas a favor o en contra de la explotación minera de uranio, «respetando siempre la honorabilidad de las personas y no ensuciando el nombre del pueblo o de sus vecinos».
Añade que «estudiará aquellas publicaciones en redes sociales o medios de comunicación que atenten contra la dignidad y honorabilidad de las personas o del ayuntamiento, reservándose el derecho de acudir a los tribunales para defenderse de esos posibles ataques».
Por último, pide a las diferentes administraciones, «principalmente a la Diputación Provincial de Salamanca, el apoyo técnico y jurídico para la resolución correcta de los expedientes afectos a la explotación minera de uranio».
