El colectivo de facultativo especialistas ha mostrado su indignación porque la Consejería de Sanidad impulsa cambios en la legislación que no asegurarán que se oferten para el concurso de traslados todas las plazas disponibles en el momento de la convocatoria.
La portavoz de Sanidad de Podemos en las Cortes de Castilla y León y procuradora por Salamanca, Isabel Muñoz, se reunió este jueves con Mª José Martín Sierra, Marisa Bartolomé Cano y Martín Vargas Aragón, representantes de la Asociación “Derecho al Traslado” (ADT) de facultativos especialistas del SACyL, quienes manifestaron su malestar e indignación por el cambio que la Consejería de Sanidad tiene previsto hacer en el Estatuto Jurídico del Personal Estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León.
Esta norma regula la convocatoria y resolución del concurso de traslados mediante procedimiento abierto y permanente. Precisa en su articulado que las plazas objeto de concurso serán las que se encuentran vacantes en una determinada fecha, que vendrá definida en la respectiva convocatoria, en función del número y periodicidad de las resoluciones anuales que en ella se establezca, con la exclusión del concurso de las plazas que pudieran verse afectadas por tres supuestos: cuando se prevea un plan de ordenación de recursos humanos, cuando se trate de plazas reservadas para promoción interna y cuando se den circunstancias de carácter excepcional debidamente fundamentadas.
La oferta
La redacción que pretende hacer la Consejería de Sanidad respecto a este punto y que ha causado la indignación de los profesionales afectados, «no aseguraría que se ofertaran para el concurso de traslados todas las plazas disponibles en el momento de la convocatoria, sino que se ofertarían las que determinara la Consejería», indica Muñoz.
La Consejería de Sanidad tendría que ofertar en la próxima convocatoria todas las plazas vacantes, ya que el Pleno de las Cortes Regionales del pasado 29 de junio aprobó una propuesta para convocar los concursos de traslados, paralizados desde 2010, para cubrir las vacantes de todas las plazas de la plantilla orgánica que no estén desempeñadas por un estatutario fijo. Lo contrario sería faltar a su palabra.
«La política de la Junta de Castilla y León es la de no sacar todas las plazas disponibles con la disculpa de no debilitar determinados servicios, cuando en realidad lo que se hace es favorecer al personal contratado por el sistema de perfilación, una forma de encubrir el enchufe y el amiguismo. Los facultativos especialistas entienden que la Junta de castilla y León está vulnerando sus derechos y han emprendido ya acciones legales», concluye Muñoz.
