[dropcap]E[/dropcap]n un artículo anterior nos referimos al tema de un posible pactismo tras la renovación del cargo de presidente del Gobierno a Rajoy. Y uno de los primeros puntos donde resulta necesario el acuerdo entre las diversas fuerzas políticas, es, indudablemente, el tema de las relaciones con la Unión Europea (UE), a las que pasamos a referirnos en referencia, sobre todo, al déficit público.
Primera fase
En teoría, según las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE, España podría haber recibido una penalización, que podría haber llegado hasta el 0,2 por 100 del PIB, algo más de 2.000 millones de euros, por sus anomalías fiscales. Pero a la postre, el procedimiento de sanción abierto el 5 de julio de 2016 quedó en multa cero.
Claro es que al tiempo de mostrarse comprensiva con España, la Comisión Europea preconizó una serie de medidas de reajuste, a las que puso tope, a efectos de su ulterior formulación. Así, el 15 de octubre de 2016, el Gobierno de Madrid había de presentar un programa de choque incluyendo los Presupuestos Generales del Estado para 2017.
Cumplir esa exigencia no era tan sencillo para fecha tan próxima, no era sencillo para el Gobierno en funciones, pues, en principio, ya se había acordado hacer un ajuste de 15.000 millones entre diciembre de 2016 y diciembre de 2017. Además, la UE aceptó bajar el tipo efectivo de déficit del 5,1 por 100 del PIB en 2015 (la UE había fijado el 4,2), para pasarlo a 4,6 por 100 en 2016; a 3,1 en 2017 y a 2,2 por 100 en 2018; todo ello a fin de situarse en el 3,1 por 100 en 2017, con un crecimiento del 2,5 del PIB para ese año.
Esa disminución del déficit requiere recortes, o conseguir aumentos de ingresos públicos; conceptuando en un total de 7.000 a 8.000 millones de euros «simplemente por la mejora del ciclo económico». Por lo cual, para alcanzar los 15.000 millones de recorte total, habría de añadirse el aporte anticipado a la Hacienda Pública del impuesto de sociedades, que podría reportar unos 7.000 millones.
Sin embargo, la intención del Gobierno para acelerar la tramitación del decreto-ley para que las grandes empresas anticiparan los 6.000 ó 7.000 millones referidos en 2016, alertó a las grandes compañías, temerosas del impacto en sus cuentas de resultados. No es extraño, pues, que los ingresos derivados del impuesto de sociedades, presenten una evolución en declive muy fuerte. En parte debido a la estructura del tributo, que se modificó en 1995, con reducciones a un tipo básico del 30 por 100 sobre los beneficios obtenidos a las mayores empresas y un porcentaje menor, del 25 por 100, para pymes, y del 20 para cooperativas.
Naturalmente, la crisis también incidió de manera contundente en los ingresos del impuesto en cuestión, que pasó de una punta de 44.823 millones en 2007, a casi una tercera parte en 2010, con 16.198 millones, y sólo una lenta recuperación desde 2015.
Además, el Eurogrupo planteó al Gobierno de Madrid que aprobara cuanto antes el prometido anticipo del impuesto de sociedades, y avisó, en esa dirección, que de no hacerse lo indicado, la Comisión podría congelar temporalmente a España fondos europeos, por un importe de algo más de 1.000 millones; en la idea de que un país que crece al 3 por 100 habría que ajustar su propio déficit público, uno de los más abultados de la UE.
Si España fallara, la Comisión, por su parte, no dudaría en recomendar la suspensión parcial de los compromisos financieros vinculados a los Fondos Estructurales y de Inversión». Así consta el acta del 27 de julio publicada por la Comisión.
Segunda fase
En su carta a Bruselas del 15 de octubre de 2016, el Ejecutivo español en funciones presentó unas cuentas públicas con un déficit del 3,6 por 100 para 2016; mayor que el objetivo de la Comisión del 3,1 por 100. Además, Madrid se limitó a prorrogar los Presupuestos de 2016, siempre por estar “en funciones” el Gobierno.
La Comisión reaccionó rápidamente y el 25.X.16 llegó una nueva de Bruselas, suscrita por el vicepresidente de la Comisión Valdis Dombrovskis y el comisario Pierre Mosovici; con toda una serie de exigencias: aprobar un nuevo Presupuesto -antes del fin de 2016, y que ya no podría ser una mera prórroga del de 2016-; con recortes, esta vez cifrados en medio punto de PIB: unos 5.500 millones. Y aunque la misiva no lo citara explícitamente, serían imprescindibles otros 5.500 millones para 2018, un total de 11.000 millones de recortes estructurales en los dos años del 17 y el 18.
Hacemos ahora un pequeño paréntesis político, para recordar que en el proceso de investidura (tercera vez desde diciembre de 2015), finalmente, cambió de actitud el PSOE, y pasó del no a su abstención en la segunda votación, para evitar unas terceras elecciones consecutivas (ya previstas para el 20 de diciembre de 2016).
De ese modo, el nuevo Gobierno terminará antes de finales de 2016 las negociaciones con Bruselas, con la redacción de un nuevo presupuesto, a discutir en las Cortes Generales, teniendo en cuenta los antecedentes referidos.
[pull_quote_left]Rajoy se comprometió a elevar la inversión en la lucha contra el fraude en los Presupuestos de 2017; eliminar deducciones y exenciones del impuesto de sociedades para recaudar -sin subir tipos- 25.000 millones, reducir el gasto de las diputaciones en 1.000 millones y simplificar los tipos de contratos de trabajo[/pull_quote_left]A efectos de preparar ese presupuesto, Mariano Rajoy se comprometió a lo largo del proceso de investidura a cumplir su acuerdo con Albert Rivera de Ciudadanos, en varias líneas: elevar la inversión en la lucha contra el fraude en los Presupuestos de 2017; eliminar deducciones y exenciones del impuesto de sociedades para recaudar -sin subir tipos- 25.000 millones, unos 7.000 más que en 2016; y reducir el gasto de las diputaciones en 1.000 millones. Amén de acelerar el crecimiento económico, simplificando los tipos de contratos de trabajo, entre otras medidas.
Para las fases sucesivas, “habrá que negociar, y sobre todo, incluir, todo lo pactado entre el PP y Ciudadanos”, aseguró Albert Rivera el 24.X.16. “Tenemos un trabajo hecho: 150 compromisos para mejorar España. Ahora toca ejecutarlo, apretar al gobierno para llevarlo a cabo y desde la oposición apoyar con nuestros escaños en todas las medidas que hemos exigido al gobierno”.
Por lo demás, la dirección de Ciudadanos manifestó su idea de convencer al PSOE para que negocie las cuentas públicas y le arranque a Rajoy las reformas que no le pidió a cambio de su decisiva abstención, que es la que permitió la formación de gobierno.
En definitiva, estamos ante una fase de pactismo entre ciertas fuerzas políticas, según subrayó el propio Rajoy en el debate de investidura, en el que confirmó las 150 medidas acordadas con Albert Rivera, ofreciendo, al tiempo, al PSOE, entrar en conversaciones para concertar reformas y proyectos. Y debe recordarse al respecto que de cara a la primera investidura, después de los comicios del 20 de diciembre de 2015, hubo un acuerdo PSOE/Ciudadanos con 200 medidas; y dentro del proceso de investidura de octubre de 2016, el PP recordó que de esas 200 medidas, 100 coinciden con la lista de 150 que Ciudadanos exigió al PP.
El único que en el debate de la investidura mencionó la expresión Pactos de La Moncloa, fue Albert Rivera, y lo hizo admirativamente de lo que es un consenso político de importantes y positivas consecuencias. En cambio, Rajoy aunque habló de pactos en numerosas ocasiones, no llegó a referirse al precedente de lo acordado en La Moncloa en 1977. Pero indudablemente, entre sus intenciones está la de pactar en forma análoga al año antes de la Constitución.
— oOo —
