«No somos víctimas, somos afectados. Venimos a buscar responsables, no culpables. Sólo queremos justicia, la que nos han negado los jueces alegando que la causa por la talidomida ha prescrito. Queremos que nos reconozcan como taledomínicos». Así de contundente habla Manuel González, que hace dos años, ahora tiene 58, supo que su discapacidad estaba producida porque su madre tomó talidomida cuando estaba embarazada.
Manuel González creía que su discapacidad «era de nacimiento». Nada más lejos. Hace dos años supo que era taledomínico, es decir, su madre tomó talidomida cuando estaba embarazada de él y por ello, sufrió malformaciones.
La talidomida es un sedante sin aparentes efectos secundarios, que paliaba además las náuseas y vómitos en las embarazadas, que se suministró a las mujeres en España entre 1954 y 1975 sin control ni vigilancia alguna y que provocó que entre esas fechas citadas nacieran un número desproporcionado de niños con graves malformaciones en brazos y piernas e incluso careciendo de ambas extremidades. «Nadie hizo nada para pararlo, ni la farmacéutica ni el Estado. Se conocía que el fármaco tenía efectos secundarios, tanto es así que en el mundo, la taledomida se retiró en 1963, pero en España se estuvo suministrando hasta 1975″, puntualiza Manuel González.
Muchas de estas personas han muerto, unos en el parto y otras posteriormente sin que hayan sido reconocidos como víctimas ni reconocidos sus derechos. En Salamanca, cuatro personas pertenecen a la Asociación Avite, Asociación de Víctimas de Talidomida de España, y a nivel nacional una 300. La mayoría de las victimas vivas de Talidomida que quedan en España sobrevive gracias al apoyo familiar o a las ayudas de instituciones caritativas o sociales, incluso ejerciendo la mendicidad en las calles de las grandes ciudades.
Manuel González explicó su caso y el de otros afectados por la talidomida porque el grupo socialista en la Diputación, con su diputado Manuel Ambrosio Sánchez al frente, ha presentado la moción que el PSOE llevará al próximo pleno de la Diputación en la que se pide apoyo unánime y solidario para los afectados por este fármaco y que se reconozca la deuda histórica que se tiene con estas personas y sus familiares desde hace 60 años.
