Tras revisar los acuerdos suscritos tanto por la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León con las empresas prestadoras de servicios energéticos de luz y gas, como por el Ayuntamiento de Salamanca con la empresa Aqualia, Ganemos asegura que no está incluida la obligación de estas empresas de informar antes del corte de estos suministros a los servicios sociales, para que se pueda revisar la situación de las personas y comprobar si el impago se ha producido por una realidad de precariedad económica y hubiera posibilidad de beneficiarse de estos acuerdos.
Ganemos Salamanca pide la revisión de los protocolos de actuación ante los posibles casos generados por pobreza energética, «y que se incluya la obligatoriedad de estas empresas de comunicar antes de realizar el corte a los servicios sociales de los ayuntamientos los datos necesarios para evitar cortes en situación de pobreza energética».
Así lo hizo saber en la comisión de Bienestar Social en la que también se aprobaron las bases reguladoras de las ayudas de Bonotaxi para las personas con discapacidad y movilidad reducida.
