El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes una serie de medidas económicas valoradas en 7.500 millones para cumplir en 2017 el desvío máximo del -3,1% del PIB permitido por Bruselas desde el 4,6% actual.
La mayor parte de los 7.500 millones adicionales que el Gobierno espera recaudar provendrán del impuesto de sociedades (4.300 millones), cuyo tipo se mantiene en el 25% pero se eliminarán exenciones «para acercar el tipo efectivo al nominal», ha explicado Montoro. Las deducciones que se reformarán serán la compensación de bases imponibles negativas y las deducciones para evitar la doble imposición.
La prórroga del Impuesto de Patrimonio permitirá ingresar otros 935 millones en 2017, según explicó el ministro de Hacienda.
Le siguen los 900 millones que Hacienda prevé ahorrar hasta 2019 con la introducción de mejoras en la administración pública debido a la incorporación de nuevas tecnologías, empleo público y «racionalización de estructuras».
La lucha contra el fraude permitirá recuperar otros 500 millones mediante la limitación de los pagos en efectivo a mil euros (antes se podían pagar hasta 2.500 en metálico) y con un sistema de retención inmediata para que las grandes empresas informen en menos de cuatro días al ministerio de todas las facturas que emiten y reciben. «Esta segunda medida afectará a más de 60.000 compañías cuya tributación por IVA supone el 80% de la recaudación por este tributo», dijo Montoro.
Alcohol, tabaco y refrescos
También espera recaudar 350 millones aumentando los impuestos especiales en tabaco y alcohol. La subida afectará a las bebidas alcohólicas (un aumento del 5%, exceptuando el vino y la cerveza que tienen fiscalidad propia) y al tabaco (los cigarrillos elevan su carga un 2,5% y la picadura un 6,8%).
Otros 200 millones provendrán del aumento de la fiscalidad a los refrescos azucarados.
Por último, se elevará un 3% la cotización máxima a la Seguridad Social, lo que permitirá recaudar de 300 a 315 millones de euros para aliviar el sistema de Seguridad Social. De este modo, la base máxima de 3.642 euros mensuales a 3.751, algo que afectará a 200.000 asalariados, que podrían ver recompensado su esfuerzo con un aumento de la pensión máxima.
