El PP ha perdido un pleito con el funcionario señalado en el ‘caso contratas’ de la Diputación. El TSJ le reprocha su degradación a conductor de maquinaria como represalia y eludir responsabilidades políticas.
El Coordinador de Vialidad del Área de Fomento fue relegado a conductor, mediante la fórmula empleada con frecuencia de “adscripción temporal de funciones”, pero sin motivo ni justificación, como la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia recuerda en su fundamento tercero: «Siendo así, la medida no se adopta porque haya necesidad de un maquinista, sino porque se considera necesario que no continúe ejerciendo el recurrente sus funciones como Coordinador de Vialidad, por las irregularidades que se dice han sido detectadas, lo que en su caso podría dar lugar a una medida provisional en el marco de un procedimiento disciplinario con las garantías legalmente establecidas, pero en modo alguno una asignación temporal de funciones por unas supuestas necesidades de servicio sin ponen en conocimiento del recurrente las razones reales de la adopción de la medida».
Este trabajador, según recuerda Ganemos, no tuvo ninguna otra comunicación por parte de la Diputación, ni siquiera de cese del puesto de coordinador,»pues lo que le decía la resolución es que le atribuían temporalmente las funciones de conductor de maquinaria, atribución que no conlleva necesariamente el cese como coordinador».
Procedimiento disciplinario
Tampoco le han comunicado en ningún momento la apertura de ningún procedimiento disciplinario ni de ningún otro tipo, ni está imputado por el juzgados, en el marco del Caso Contratas. «Incluso ha intentado reunirse varias veces con el Diputado de Fomento (Carlos García Sierra) para que le explique las razones de la situación producida y no ha querido recibirle», indica Gabriel de la Mora.
Ganemos Salamanca entiende que si existe alguna circunstancia que haga sospechar una actuación fraudulenta de este empleado público, o cualquier otro, «será preciso realizar la investigación oportuna -mediando el procedimiento adecuado con audiencia de las parte implicadas- para dilucidar si existen realmente comportamientos que puedan ser constitutivos infracción de las obligaciones funcionariales, aparte de las posibles responsabilidades penales. Si este empleado no está siendo investigado en el procedimiento penal, será porque el juez de Instrucción no consideró que existiera comportamiento ilícito penalmente. Ello no quita para que pudieran existir responsabilidades administrativas que se deberían dirimir mediante el correspondiente expediente disciplinario. Si no se ha realizado ningún procedimiento de investigación ni se ha incoado un procedimiento disciplinario, no está justificado que a este empleado se le aparte de sus funciones«.
Cabezas de turco
En realidad, Ganemos cree que «el presidente de la Diputación con este asunto lo que ha hecho es una maniobra de fuga, generando una cortina de humo ante las evidentes responsabilidades de él mismo y el vicepresidente de la Diputación (presidente uno y tesorero del Partido Popular el otro), al cargar toda la responsabilidad de las presuntas irregularidades contractuales del área de Fomento sobre dos funcionarios, denunciándolos ante la Fiscalía, para descargarse ellos mismos de su propia responsabilidad sobre el asunto».
Ganemos Salamanca considera «poco creíble» que «si supuestamente se estuvieron amañando contratos durante largo tiempo, los responsables políticos de esas contrataciones fueran ajenos a las presuntas irregularidades; en el mejor de los casos sólo cabe pensar en una pésima y caótica gestión, quizá como el alcalde de la ciudad (amigo íntimo del que era director del Área de Fomento cuando sucedieron los hechos) el presidente de la Diputación no supiera qué pasaba en el despacho de al lado con la gestión de los millonarios contratos de obras licitados por la Diputación».
Concluye diciendo que «en todo caso la responsabilidad política es exclusivamente del PP y de él mismo, debiendo recordar que una actuación seria, rigurosa y responsable hubiera permitido una investigación interna transparente y minuciosa, con la apertura de los correspondientes expedientes, y desde luego no acusaciones vacías hacia funcionarios, cambiándoles de puesto e infringiendo garantías legales básicas, como, nuevamente, ha sentenciado el más alto tribunal de nuestra región».
