La oposición municipal sigue esperando a que el alcalde presente una propuesta para regularizar la situación urbanística de El Corte Inglés.
El primer edil se comprometió con los tres grupos de la oposición, PSOE, Ganemos y Ciudadanos el pasado 2 de noviembre a buscar una alternativa y a presentar una propuesta para solucionar este asunto, pero hasta ahora no ha movido ni un papel.
La oposición espera a conocer esa propuesta del equipo de Gobierno y ver si es compatible con «el cumplimiento de la legalidad», que es lo que buscan los tres grupos, después de que la justicia haya cuestionado la legalidad de las decisiones urbanísticas adoptadas por el PP en su día.
Inicialmente, se buscaría acomodar el centro comercial al normativa urbanística, modificando el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y, en su caso, solicitar al centro comercial compensaciones para la ciudad por los 20.000 metros cuadrados de más que según la oposición, se han edificado de más, algo que niega la empresa.
Ante la parálisis del PP, la empresa ha iniciado los trámites para solicitar responsabilidad patrimonial en el caso improbable de que tuviera que cerrar al final de este proceso.
Y lo ha hecho ahora solicitando 150 millones de euros, porque se le acababa el tiempo para hacerlo, ya que si se le pasa el plazo no podría reclamar nada en el futuro, en caso de que tuviera que hacerlo. Y si lo hiciera, habría que ver qué cantidad real sería y la tramitación de la reclamación sería larga y procelosa. Llegado el caso, Ganemos considera que el dinero tendrían que ponerlo «los alcaldes y concejales» que dieron el visto bueno a las irregularidades urbanísticas en este proceso, y no el Ayuntamiento y la Junta.
La Junta concedió al Ayuntamiento una moratoria hasta marzo de 2018 para resolver esta situación, y es en lo que andan los grupos municipales. Ciudadanos, por su parte, quiso pedir al resto de partidos políticos de la corporación que “dejen a un lado la demagogia y no utilicen este asunto para sacar un rédito político o electoral”.
El PP aprovechó este viernes el trámite que ha cumplido la empresa mercantil del centro comercial (reclamar una cantidad en concepto de responsabilidad patrimonial a partir de 2018, si se cerrara el centro comercial, que no es el caso) para tratar de «generar alarma social», según dijo el concejal de Ganemos, Gabriel Risco, emitiendo un comunicado diciendo que el centro comercial pide al Ayuntamiento 150 millones de euros, sin saber muy bien a cuento de qué realiza esa afirmación.
En su comunicado, el PP no dice nada sobre la propuesta que el alcalde se comprometió en noviembre a presentar a la oposición para salir del atolladero, lo que da pie a Ganemos a afirmar que «el PP defiende los intereses particulares de una empresa en lugar de los generales de la ciudadanía», porque, según la agrupación de electores, el PP no quiere ni oír hablar de pedirle compensaciones al centro comercial.
