Urdangarin, a la cárcel, la Infanta, a su casa

Iñaki Urdangarin y la Infanta Cristina. Foto. Archivo.

La Audiencia Provincial de Palma ha condenado a Iñaki Urdangarin a seis años y tres meses de prisión  y ha absuelto a su esposa, la infanta Cristina de cooperar en los delitos fiscales que se le imputaban a su marido, aunque deberá pagar 256.000 euros en concepto de responsabilidad civil.

 

El fallo es recurrible, pero posiblemente Urdangarin deba ingresar en prisión debido a la pena impuesta y a las posibilidades de que pueda fugarse.

El tribunal afirma que Urdangarin utilizó su «privilegiado posicionamiento institucional» para conseguir contratos de forma irregular en Baleares, a través de la fundación Noós, que da nombre al proceso judicial. Habría obtenido 4,5 millones por esta vía.

Lo condena por prevaricación continuada, falsedad de documento público y malversación de caudales públicos, fraude a la Administración Pública; tráfico de influencias; dos delitos contra la Hacienda Pública. La pena impuesta es sensiblemente inferior a la que solicitaba el fiscal, que era de 19 años y medio por esos mismo delitos más los de tráfico de influencias, fraude, estafa, delitos contra la hacienda pública y blanqueo de capitales.

Su mujer, la infanta Cristina, sale prácticamente indemne del proceso. El tribunal la absuelve de cooperar en los delitos fiscales que se atribuyen a su marido, y se limita a imponerle una sanción de 256.000 euros en concepto de responsabilidad civil, con lo que tampoco le quedan antecedentes penales.

Manos Limpias pidió para ella ocho años y medio de cárcel, pero la fiscalía solo reclamó para ella responsabilidad civil «a título lucrativo» de y reclamaba medio millón de sanción.

Urdangarin recibe 6 años y tres meses pero a su socio, Diego Torres, le han caído ocho años y medio de prisión. Tiene solo un delito contra la hacienda pública y otro de blanqueo que no se le apreció al marido de la infanta.

El expresidente balear del PP, Jaume Matas, también ha sido condenado a tres años y ocho meses por prevaricación y falsedad en documento público y malversación de caudales públicos, por considerar que tomo unilateralmente la decisión de darle contratos a la sociedad de Urdangarin y Diego Torres.

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